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Veníte conmigo
El 10 de agosto del 2003, Calderón jaló del brazo a Rodríguez para que lo acompañara en su auto, a la salida de una reunión en la Casa Italia. Hoy, los dos están bajo la mira de las autoridades, hecho que preocupa en Estados Unidos.
Róger BENAVIDES / Archivo/ Al Día
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Escándalos reverberan en Miami
Unos $14 millones se movieron en cuentas aquí
Autoridades estadounidenses dispuestas a colaborar Sylvia ALVARADO MARENCO, enviada
salvarado@aldia.co.cr
Miami- Los escándalos relacionados con las comisiones del préstamo finlandés y de la empresa Alcatel tienen eco en esta ciudad donde -según las investigaciones judiciales- se movieron al menos $14 millones (¢6.272 millones) de esos dineros.
“Si algo relacionado con esos escándalos se dio aquí, estoy seguro de que Estados Unidos estaría en toda la disposición de cooperar con el Gobierno costarricense”, dijo a Al Día Joseph Centorino, fiscal quien dirige la unidad de corrupción publica del 11 circuito judicial de Florida.
El fiscal Centorino añadió: “Aún cuando no conozco todos los extremos de la investigación, es preocupante que parte de esos dineros se haya movido por aquí. Es muy serio el hecho de que haya dos expresidentes involucrados, especialmente alguien envuelto en la OEA”. (Ver entrevista).
La atención, especialmente de la prensa, se centra aquí en la presunta relación revelada en los escándalos de los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, ambos conocidos en Miami.
De Rodríguez se desconocía anoche su paradero en los Estados Unidos luego de que renunció a la secretaría general de la OEA el viernes. (Ver: Huella en Miami).
Las revelaciones de autoridades y de la prensa costarricense permiten concluir que, tomando en cuenta los dineros girados por Alcatel, gigante francés de las telecomunicaciones, a la sociedad Servicios Notariales Q.C. y los que llegaron desde la empresa Instrumentarium Medko Medical, de Finlandia, a O. Fischel R. y Cía, con sede en Panamá, al menos $14 millones (¢6.272 millones) pasaron en algún momento, por cuentas de bancos en Miami.
Poco más de $1,8 millones, (¢806 millones) pasó, entró o salió, por bancos de New York u otras ciudades estadounidenses. (Ver Recuadro: USA Express). Ayuda del norteCarlos Castillo , vocero de la Fiscalía Federal del distrito sur de Florida, no reveló si el pedido costarricense de colaboración ya se formalizó. “Tampoco puedo confirmar ni desmentir que al respecto haya o no una investigación en esta Fiscalía. Lo que sí creo es que ante una petición, colaboraríamos con lo que nos corresponda”, agregó Castillo.
El fiscal general Francisco Dall'Anese tampoco confirmó que se haya concretado un pedido oficial a esas autoridades, sin embargo, desde el 17 de setiembre, una fuente judicial indicó a Al Día que el Ministerio Público pidió el congelamiento de cuentas en Costa Rica, Panamá y Miami.
La ayuda que podría brindar Estados Unidos, según Centorino, consiste en levantar el secreto bancario. “Si hay una investigación y las autoridades costarricenses están interesadas en abrir esas cuentas, el gobierno federal los asistirá. Puede ser que ya existan reportes de sospechas sobre esas transferencias y nadie les presta atención hasta que alguien inicie una investigación”.
“La Convención Internacional sobre Corrupción puede aplicarse para que se de la cooperación y también podría ejecutarse la opción de negarle la entrada a los Estados Unidos a personas involucradas en corrupción”, indicó.
El fiscal Centorino reconoce que pese a la fuerte regulación de las autoridades, los movimientos de platas “raras” siempre se dan.
“Por supuesto que me preocupa. Nuestras autoridades están siempre preocupadas y cada vez están más activas en detener esto y rastrear los capitales y aplicar leyes que eviten el lavado de dinero y el narcotráfico para evitar que fondos ilegales se muevan por aquí. No queremos ser conocidos como la capital de la droga, del lavado de dinero o de la corrupción”.
“Es sabido que personas que quieren lavar fondos ilegales llegan a Miami, pero eso no quiere decir que este país apruebe eso. Por eso muchas veces se les niega la entrada o no se les permite que muevan sus fondos ilegales por nuestro sistema”, concluyó
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Ida y vuelta
A la cuenta de Sultana Panamá, sociedad de Calderón, en este banco, entraron $440 mil que luego salieron, para ser depositados en la Corte.
Sylvia ALVARADO/Al Día
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USA Express
Más de $16 millones, relacionados con presuntas comisiones del préstamo finlandés a la CCSS y de la empresa francesa Alcatel pasaron por cuentas de bancos estadounidenses, la mayoría de Miami.
– Del 6 de diciembre del 2001 al 23 de octubre del 2003. Alcatel giró $13,8 millones a la sociedad Servicios Notariales Q.C. El dinero salió del banco ABN AMRO NYC en Holanda, pasó al del mismo nombre en Nueva York y luego, se remitió al International Bank of Miami, a la cuenta de Cuscatlán International Bank & Trust. De ahí pasó a la cuenta de Servicios Notariales en el Banco Cuscatlán de Costa Rica.
– 27 de enero del 2003. La empresa O. Fischel R. recibió una transferencia por $1,8 millones del Wachovia Bank N.A., en Nueva York. Se desconoce quién la autorizó.
– 13 de marzo del 2003. La sociedad International Development and Outsorcing Corporation, recibió $105 mil, en su cuenta en el HSBC Republic International Bank, en Miami. Dos directivos de esa compañía panameña también lo son de la empresa controlada por el expresidente Rafael Ángel Calderón, Sultana Panamá. El dinero provenía de la cuenta de Marchwood Holdings en el BAC Panamá.
– 19 de mayo del 2003 y 9 de enero del 2004. La sociedad Sultana Panamá, del expresidente Calderón, recibió $300 mil y $140 mil, respectivamente, en su cuenta en el Northern Trust Bank of Florida N.A., en Miami. El dinero venía de Harcourt Holdings, sociedad de Wálter Reiche, en Panamá. El 20 de setiembre, Calderón depositó en la cuenta de la Corte Suprema de Justicia, $520 mil. Gran parte de esa suma salió de la cuenta de Sultana, en Miami.
– 15 de diciembre del 2003. El exgerente de Modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez Arguedas, utilizó dos cuentas bancarias para recibir $50 mil de Marvin Barrantes, representante de O. Fischel R. y Cía. Sánchez utilizó las cuentas de su amigo, José Luis Murillo, en el Banco Uno y el Bank of America en Miami.
– Mayo del 2004. La empresa Aurex Ltda., de Miami, consultora de la compañía española Inabensa, a cargo del proyecto de electrificación subterránea en San José, giró $100 mil a una cuenta de Inversiones Denisse S.A., sociedad controlada por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, en el Banco Alemán Platina en Panamá.
– Setiembre del 2003. El exdirectivo del ICE José Antonio Lobo declaró haberle girado a Miguel Ángel Rodríguez, desde el banco BCT, $82 mil, a una cuenta de la firma A y Z en Estados Unidos. Dónald Murillo, apoderado de esa empresa, confirmó a La Nación que esa compañía tiene cuentas en el Riggs Bank y en el Bank of America.
Esto dicen los bancos
A Patricia Roth, vocera de la Asociación de Bancos Internacionales de la Florida (FIBA), también le preocupa que pueda pensarse que bancos de Miami cooperen en el movimiento de dineros cuestionados.
“No es correcto pensar que Miami se preste para esto, aunque siempre algo puede pasar por aquí. Nuestro deseo es cumplir con las leyes que son muy fuertes y evitar que dineros cuestionados, que pueden ser ilegales o producto de corrupción, se depositen en los bancos”, dijo Roth.
“Los bancos deben conocer el origen del dinero de sus clientes porque hay que cumplir la ley y porque ninguno quiere exponerse a una fuerte multa, que en ocasiones puede llegar a los $25 millones”.
Las leyes estadounidenses obligan a las instituciones financieras a reportar las transacciones que superen los $10 mil, (depósitos o retiros) cuando se hacen en efectivo, a FinCen, entidad del Departamento del Tesoro, encargada de dar seguimiento a los crímenes financieros.
Como explicó Shery James, vocera de FinCen, los bancos también pueden reportar transacciones mayores a $5 mil, aún cuando se hagan vía electrónica o por cheque, cuando sientan duda de la legalidad de su origen.
James no comentó si, al menos por este segundo punto, alguno de los bancos en que se depositaron esos dineros, levantó reportes de actividades sospechosas.
Lo mismo dijo Marcos Muela, administrador, en la ciudad de Aventura, de la sucursal del Northern Trust Bank, donde la sociedad Sultana Panamá, controlada por el expresidente Rafael Ángel Calderón, recibió las dos transferencias por $440 mil.
“Para poder dar alguna información sobre una cuenta, tendrían que presentarme una orden de la Corte, pues debo cumplir con la ley de secreto bancario”.
Sin embargo, Muela dijo que hasta donde él sabe, con relación a este caso, no les han pedido que abran ninguna cuenta “ni se está investigando nada”.
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Muy exclusivo
Rafael Ángel Calderón es dueño de un apartamento en el lujoso complejo “Harbor Towers” en la ciudad de Aventura, cuyo valor ronda los $250 mil.
Sylvia ALVARADO/Al Día
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Huella en Miami
En Miami, los nombres de Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón no solo son conocidos por su paso por la silla presidencial.
De Rodríguez se recuerdan varios discursos y el amplio currículum que exhibió en el lujoso hotel Biltmore, cuando participó, junto a muchos líderes políticos, en la Conferencia de las Américas, en octubre del 2003.
Entonces andaba en pleno “lobby” para llegar a la sede de la OEA, en la avenida Constitución de la capital estadounidense.
Y es que haberse convertido en el primer centroamericano en acceder a esa Secretaría General, le valió el pase a aparecer en la mayoría de medios de comunicación. Otro pase, menos grato, pero con mayor cobertura, lo obtuvo el viernes cuando presentó su renuncia a ese organismo, en medio de graves denuncias de corrupción.
Calderón era asiduo visitante de esta ciudad, donde, desde 1993, pasaba temporadas en su apartamento de la ciudad de Aventura, al norte de Miami. De hecho, el martes 3 de setiembre, tres días antes de que reventara el escándalo de las comisiones finlandesas, regresó de esa ciudad, adonde fue a hacerse un chequeo médico por una afección cardiaca, que le fue diagnosticada en una clínica privada de Miami, en el 2003.
En el registro de Corporaciones de la Florida, aparece como vicrepresidente de “La Gloria Corp”, y su esposa, Gloria Bejarano, como presidenta. El 2 de febrero del 2000, ese matrimonio traspasó su apartamento de “Harbor Towers at the Waterways”, en Aventura, cuyo valor ronda los $250 mil, a nombre de esa corporación.
El expresidente Calderón también fue directivo, en Miami, de una compañía hotelera. Diferentes versiones señalan que, incluso, tiene acciones en el hotel Crowne Plaza, en Sawgrass Mills, Fort Lauderdale, hecho que Carlos Rodríguez, gerente de Driftwood Hospitality, compañía que administra ese hotel, no quiso confirmar. El expresidente también atendía las reuniones de junta de directores de la Universidad Internacional de la Florida, puesto al que fue nombrado por el gobernador de ese estado, Jeb Bush, y al que renunció el 1 de setiembre.
Por ahora, Calderón no podrá volver a Estados Unidos, pues una jueza le dictó impedimento de salida del país. Rodríguez podría correr la misma suerte. Atrás podrían quedar las tardes soleadas de Miami y las noches frías, muy frías, de Washington.
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Hasta aquí
El 12 de enero del 2004, el presidente George W. Bush proclamó suspender la entrada a funcionarios y exfuncionarios públicos envueltos en corrupción que, entre otras cosas, contravengan “la estabilidad de las instituciones democráticas y de las naciones”.
Archivo/Grupo NaciónAl Día
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Podrían negarles entrada a EE. UU.
¿Hay posibilidades de que a los expresidentes Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez, mencionados en presuntos actos de corrupción, se les niegue la entrada a Estados Unidos cuando se dilucide el proceso que se les sigue?
Es sabido que ambos exmandatarios son asiduos visitantes a diferentes ciudades de este país y que algunos de sus hijos estudian o trabajan ahí.
En Costa Rica, la embajada de ese país, dijo a Al Día que “la ley estadounidense prohíbe el ingreso de funcionarios públicos corruptos, de aquellos que los corrompieron y sus dependientes a Estados Unidos, donde esa corrupción tiene serios efectos adversos sobre los intereses estadounidenses”.
“La ley también prohíbe el ingreso a Estados Unidos de personas condenadas por crímenes de bajeza moral”, señaló Elaine Samson, vocera de esa sede.
Ante consulta puntual sobre la situación migratoria de ambos, Zach Mann, vocero de la oficina de Inmigración y Aduanas de la Secretaría de Seguridad Interna, en Miami, declaró que no pueden revelar o comentar la situación migratoria de nadie en específico.
Pero en un decreto firmado por el presidente George W. Bush, que empezó a regir el 12 de enero del 2004, se le suspende la entrada a Estados Unidos a las personas envueltas en, o que se han beneficiado de corrupción.
El decreto en que se ordena suspender la entrada al país y que alcanza a funcionarios o exfuncionarios públicos y a sus familiares directos, se amplía en las siguientes cláusulas:
– Funcionarios o exfuncionarios públicos cuya solicitud o aceptación de cualquier articulo con valor monetario, u otro beneficio, a cambio de cualquier acto o por omisión en el desempeño de sus funciones publicas, tenga o haya tenido serios efectos adversos en el interés nacional de Estados Unidos.
– Personas que por haber proveído u ofrecido proveer cualquier artículo con valor monetario u otro beneficio a cualquier funcionario público a cambio de cualquier acto u omisión en el desempeño de sus funciones, causen o hayan causado serios efectos adversos en el interés nacional de Estados Unidos.
– Funcionarios o exfuncionarios públicos cuya malversación de fondos públicos o interferencia con los procesos judiciales, electorales u otros procesos públicos, tenga o haya tenido serios efectos adversos en el interés nacional de Estados Unidos.
- Las esposas, hijos y miembros dependientes del hogar de las personas descritas anteriormente que sean beneficiarios de cualquier artículo de valor monetario u otro beneficios obtenido por dichas personas.
Bush aclara que, para efectos de este decreto, el interés de Estados Unidos “se refiere a efectos serios que contravengan la actividad económica de empresas estadounidenses, los planes de asistencia foránea, la seguridad de EE. UU. en contra del terrorismo y crimen internacional o cuando contravengan la estabilidad de las instituciones democráticas y de las naciones”.
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