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Voz del Defensor
Un gran reto José Manuel Echandi
La corrupción se instaura en sistemas institucionales vulnerables, así como en personas sin conciencia de los principios éticos y su aplicación en la vida cotidiana y en la función pública.
Con la corrupción perdemos todos:
Pierde el país la posibilidad de invertir recursos en la atención de las necesidades de la población, pues unos pocos se apoderaron de ellos.
Pierden los habitantes, pues no ven satisfechas sus necesidades y queda menoscabada su confianza en la democracia.
Y pierde la empresa privada, que debe enfrentar la competencia desleal de quienes no respetan el camino de la legalidad.
La institucionalidad costarricense se ha puesto a prueba en las últimas semanas. Pese a los reiterados llamados de atención de los órganos de control, unas pocas personas decidieron burlar nuestro Estado Social de Derecho y adueñarse de fondos que pertenecen al pueblo.
Ante esta situación, la Defensoría de los Habitantes considera urgente que los diferentes actores sociales nos unamos en defensa de la institucionalidad del país y de su ordenamiento jurídico.
Los habitantes deben reiterar su adhesión a los más elevados principios éticos. Cada empresa privada debe considerarse parte importante en el compromiso con el desarrollo y el crecimiento. Y las instituciones del Estado deben recordar su razón de ser: servicio público y búsqueda del bienestar común.
El fortalecimiento de nuestro sistema democrático requiere participación, eficacia, eficiencia, legitimidad, transparencia, responsabilidad y ética.
Se debe fortalecer y apoyar la labor del Ministerio Público en la investigación de los actos de corrupción, y la de los Tribunales que inicien los respectivos procesos penales.
Al respecto, la Defensoría hace una respetuosa excitativa al Poder Judicial para que se tomen las acciones necesarias que prevean el incremento de trabajo, y la oportuna capacidad de respuesta de las diferentes instancias judiciales.
También respaldamos el desarrollo de mecanismos que promuevan la transparencia y responsabilidad en procesos democráticos, tales como la prohibición de contribuciones privadas a las campañas electorales.
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