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En el ojo
La casa que Wálter Reiche Fischel construye en Escazú, podría ser embargada en caso de que la Procuraduría encuentre algún nexo entre la propiedad y el empresario, investigado por el Ministerio Público.
Manuel VEGA/Al Día
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Indagan cuentas
Escándalo CCSS-Fischel Mónica UMAÑA D.
monicau@aldia.co.cr
Las cuentas bancarias de “todos” los involucrados en el caso CCSS-Fischel, fueron abiertas para desplegar una minuciosa investigación que permita cotejarlas con los ingresos que esas personas reportaron a la Dirección General de Tributación Directa.
La información fue suministrada ayer a Al Día por el viceministro de Hacienda y director general de Tributación, José Armando Fallas.
“En el caso de las personas que recibieron dinero de la comisión por el préstamo finlandés, hay que verificar si los montos fueron reportados como ingresos en las declaraciones de renta o de bienes. Si no, estarían incurriendo en evasión o incremento injustificado de capital”, comentó Fallas.
La información, agregó el Viceministro, está siendo analizada en coordinación con el Ministerio Público, y eso incluye el estudio de la documentación obtenida en los allanamientos.
Mientras, la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) concluyó el análisis sobre la Corporación Fischel, y estaría a punto de emitir su resolución, según informó el superintendente Adolfo Rodríguez.
La SUGEVAL denunció, el pasado 10 de junio, a Emilio Bruce, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Fischel, por la presunta comisión de los delitos de ofrecimiento fraudulento, defectos de crédito, publicación y autorización de balances falsos, y falso testimonio.
Al Día supo que la sanción económica contra la Corporación Fischel rondaría los ¢43 millones.
El presidente ejecutivo de la Corporación, Emilio Bruce, informó a la SUGEVAL que, el 18 de octubre, se presentarán los estados financieros auditados al 30 de setiembre del 2003. ApelaciónFrancisco Castillo, abogado de Bruce, confirmó ayer que apeló la única medida cautelar que tiene su defendido, de no salir del país.
“En la apelación demuestro que no hay ningún fundamento, pues en la solicitud de la medida cautelar hasta incluyen el caso de Rándall Vargas (abogado de la Fischel en prisión) sobre la destrucción de un documento, que nada tiene que ver con Emilio Bruce”, explicó Castillo.
El abogado está solicitando una audiencia para dar sus explicaciones oralmente, pero aún no se ha definido la fecha.
El jefe de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, Wárner Molina, desmintió ayer que, por el momento, la Fiscalía General haya solicitado la apertura de las cuentas de Bruce.
El fiscal dijo, mediante un correo electrónico, que se trata de un tema pendiente de valoración.
Molina también se refirió a la situación del director jurídico de la CCSS, Rodrigo Cordero, y afirmó que aún no existe una investigación abierta en su contra.
“En principio, desconocíamos el contenido de la información que estaba siendo extraída de la institución, y, por ello, resultaba prioritario asegurar la documentación”, señaló Molina. (Ver nota aparte)
Tras una llamada anónima, fiscales de la Unidad de Delitos Económicos decomisaron, el viernes pasado, documentos que estaban en el vehículo de Cordero, estacionado en el sótano de esa institución.
Producto de las investigaciones del Ministerio Público, Wálter Reiche Fischel, Eliseo Vargas, expresidente de la Caja, y Rándall Vargas, cumplen prisión preventiva.
Además, bajo arresto domiciliario están Gerardo Bolaños, exdirectivo de la CCSS, y Marvin Barrantes, exgerente de O. Fischel R. y Cía. Contra el expresidente Calderón, Emilio Bruce y Juan Carlos Sánchez, exgerente de Modernización de la Caja, se dictó impedimento de salida del país, y la situación jurídica de los tres está pendiente.
Procuraduría estudia bienes
El Procurador de la Ética Pública, Gilberto Calderón, explicó que a partir de ayer, se empezaron a hacer estudios sobre las personas vinculadas en la investigación del caso CCSS-Fischel, para determinar las responsabilidades y las participaciones de cada uno de ellos, y así solicitar el embargo de cuentas y bienes.
La Procuraduría General de la República –órgano que funge como abogado del Estado– pidió la semana pasada a un juzgado de San José, que se apruebe este trámite en contra de los imputados el caso, Eliseo Vargas, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Juan Carlos Sánchez, exgerente de Modernización, Gerardo Bolaños, exmiembro de la junta directiva y la esposa de éste, Ligia Céspedes.
Calderón dijo que esperan tener listo el estudio la próxima semana, para hacer la petición inmediatamente.
El estudio que hace la Procuraduría, incluye la participación que tengan los imputados en sociedades anónimas.
El presidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Walter Reiche Fischel, tiene participación en al menos 18 sociedades anónimas. Una de ellas es la empresa Mefre de Escazú, que habría recibido $617 mil (¢275 millones) del dinero recibido por la venta del edificio de Fischel en San José.
Mefre de Escazú S. A. es presidida por Reiche Fischel, fue constituida el 12 de abril del 2002 y tiene un capital social de ¢10 millones. La esposa de Reiche, Karina Echandi Chavarría, figura como secretaria en la sociedad.
El domicilio legal de la sociedad anónima es el mismo de una casa que Reiche construye en la urbanización Las Alturas de Escazú, en San Miguel de Escazú, cuyo costo estimado es de $2 millones.
Calderón explicó que si Reiche apareciera con alguna responsabilidad en esa sociedad, y esa casa se puede relacionar de alguna manera con él, sería embargada.
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