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El exministro de Transportes, Javier Chaves, pidió el despido de los funcionarios del Instituto Geográfico Nacional luego de que un informe de la Auditoría Interna reveló anomalías en la ejecución del proyecto financiado por los japoneses.
José RIVERA/Archivo/Al Día
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También Japón investiga ayuda Mercedes AGÜERO ROJAS
maguero@aldia.co.cr
El Gobierno japonés indaga presuntas irregularidades con el manejo de un proyecto de cooperación técnica en nuestro país por el orden de $230.000 (¢102 millones al tipo de cambio actual).
El caso que involucra a funcionarios del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y a la empresa Pacific Consultants International (PCI), consultora japonesa, también es investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Costa Rica.
La información fue divulgada el viernes anterior por dos diarios japoneses entre ellos, el Yomiuri Shimbun, uno de los más importantes en esa nación.
Según el diario, la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA) suspendió el 15 de setiembre las contrataciones a PCI por dos meses debido al manejo desordenado de $200.000 de los $230.000 que la Agencia les habría pagado para desarrollar un proyecto en la Cuenca del Río Tempisque.
De acuerdo con representantes de la Agencia Japonesa en Costa Rica, la investigación en el país asiático se abrió luego de que la Fiscalía costarricense les solicitó información sobre dicho proyecto.
El 1° de julio JICA envió la respuesta a las autoridades junto con un legajo de documentos aportados por la consultora PCI.
Según supo Al Día, como la consultora japonesa no desarrolló el proyecto sino que subcontrató los servicios al Instituto Geográfico Nacional, ahora enfrenta problemas para probar los costos del mismo. Un informe de la Auditoría Interna del MOPT de junio del 2002 reveló que el plan fue manejado al margen de la ley por parte del Instituto Geográfico.
Ese órgano determinó falta de controles, registros e informes sobre los gastos y desarrollo del proyecto, entre otros. En el convenio firmado en el 2000, el Instituto Geográfico se comprometía a hacer una serie de obras en los ríos Tempisque y Palmas. Empresa castigadaLa suspensión aplicada por JICA, inhabilita a la empresa japonesa para concursar públicamente por consultorías para ese organismo.
Al Día consultó la representación de la Agencia japonesa en nuestro país, su opinión sobre las publicaciones en Japón. Mary Segura directora ejecutiva de esa organización en el país informó mediante un correo electrónico que “Es JICA de Japón quien deberá responder a los cuestionamientos o repercusiones que pudieran originarse del contenido de las publicaciones. Por supuesto que para JICA Costa Rica es muy doloroso saber que hubo funcionarios de una institución gubernamental local, que lucraron con los dineros para realizar un estudio, que por ende lo que buscaba era beneficiar al país”.
Respecto a las repercusiones que estos hechos pueden traer para los programas de cooperación de los asiáticos, Segura dijo: “Es de esperar que de ahora en adelante, cuando JICA en Japón contrate los servicios de consultoría de cualquier empresa, exigirá mayor transparencia y controles en las subcontrataciones o pagos de servicios que se deriven de los mismos”.
Segura descartó que esto conduzca a una reducción de los aportes hechos por la Agencia Japonesa al país.
Sanciones administrativas
Tal y como informó Al Día el viernes anterior, a raíz de las aparentes irregularidades en el proyecto desarrollado en el Tempisque con aportes de la Agencia de Cooperación Japonesa, el MOPT cesó sin responsabilidad patronal al ingeniero Víctor Guerrero del Instituto Geográfico. El despido aprobado por el Tribunal de Servicio Civil en una resolución del 20 de agosto, rige a partir del 1° de octubre.
Guerrero elevó el caso ante el Tribunal de Trabajo, pero según la Dirección Jurídica del MOPT, eso no impedirá su despido.
Por los mismos hechos el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Javier Chaves, gestionó el despido del director del Instituto Geográfico, Eduardo Bedoya. El caso aún está en estudio por parte del Tribunal de Servicio Civil.
De acuerdo con un informe de la Auditoría Interna del MOPT, las presuntas irregularidades en este proyecto empezaron cuando Bedoya suscribió, sin facultarle la ley para hacerlo ni previa consulta jurídica, un acuerdo de venta de servicios con representantes de la organización japonesa.
Luego, Bedoya habría delegado la administración del proyecto en el ingeniero Víctor Guerrero, sin que existiera casi ningún control sobre él.
Según la Auditoría la consultara japonesa PCI le habría entregado dinero del proyecto, directamente al ingeniero Guerrero.
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