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Columna Verde
Buenas prácticas agrícolas Jorge Cabrera Medaglia
La contaminación del agua en el país, sea ésta superficial o subterránea, continúa siendo una importante amenaza para la sostenibilidad ambiental, y para la calidad de vida presente y futura.
El panorama no es el mejor. Aunque contamos con cantidades importantes del preciado líquido para utilizarlas en las diferentes actividades humanas, su disponibilidad no es la misma en todas la regiones del país. Numerosos pozos están aún sin inscribir, pese a las disposiciones legales existentes, lo cual dificulta conocer la cantidad de agua extraída de las fuentes subterráneas.
Además, se comienzan a presentar conflictos entre los diferentes usos del agua, así como una sobreexplotación del recurso. Las tarifas existentes para las concesiones no consideran los valores ambientales y, en algunos casos, son demasiado bajas. La contaminación continúa aumentando y los estándares nacionales de potabilidad varían entre los distintos operadores.
En el caso de las aguas superficiales sucede algo similar. Aguas negras sin tratamiento, provenientes de las viviendas, van a parar a los ríos, debido a la ausencia de plantas de tratamiento y a un escaso control en el proceso de construcción.
Las descargas, legales e ilegales, de las actividades comerciales e industriales también contribuyen a deteriorar el recurso, sin que los controles previstos se ejerzan adecuadamente. Se han tomado tímidas medidas, pero, más allá de las declaraciones y planes, los resultados son escasos.
Se ha tratado de aplicar nuevos mecanismos a las llamadas "descargas puntuales", incluyendo el canon por vertidos, pero su impacto en la calidad del agua es incierto.
Lo mismo ocurre con las "descargas no puntuales", es decir, aquéllas en que no existe un punto específico donde se produce el vertido. Tal es el caso de la mayoría de las actividades agrícolas.
Para tratar con esta situación, a diferencia de los permisos y cobros que se han querido poner en práctica para las "descargas puntuales", una de las principales respuestas radica en el fomento de las llamadas "buenas prácticas agrícolas", que pueden minimizar los riesgos de contaminación, especialmente por agroquímicos. Asimismo, un buen ordenamiento territorial sería sumamente útil.
Lamentablemente, el país ha demostrado una debilidad institucional en estas materias, aunque las nuevas exigencias de los mercados europeos como el Euregap pueden generar algunos cambios.
El control, mediante la exigencia de "buenas prácticas agrícolas", y la agrícultura sostenible ayudarían a conservar mejor el agua y otros recursos, tales como el suelo y la atmósfera.
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