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Columna Verde
Conservación: buen negocio Jorge Cabrera Medaglia
Múltiples estudios y documentos, incluido uno recién presentado, han demostrado rotundamente que las actividades de conservación de la biodiversidad, especialmente a través de las áreas silvestres protegidas, contribuyen al desarrollo económico costarricense.
Esas áreas tienen un impacto positivo, sobre todo, para las comunidades de sus alrededores, pues son una fuente permanente de ingresos.
A diferencia de otros países -aunque no es posible generalizar por completo-, en el nuestro, las áreas protegidas se han convertido en una oportunidad, antes que en una amenaza, para el desarrollo de los poblados vecinos o de quienes viven dentro de ellas.
Contamos con ejemplos en los que se ha construido infraestructura vial y se ha hecho llegar la electricidad a las áreas silvestres, beneficiando así a las propias comunidades.
El auge del turismo ecológico y, en menor medida, de la investigación científica también ha posibilitado la formación de pequeñas empresas comunitarias o familiares, que venden productos y servicios a los visitantes.
De no ser por la presencia de un parque, reserva biológica o alguna otra categoría de manejo, no se prestarían estos servicios y los habitantes de zonas rurales tendrían menos oportunidades de obtener ingresos.
Asimismo, se ha probado económicamente que el valor de ver una tortuga desovando en una playa supera en mucho el precio de su carne, huevos o caparazón.
En definitiva, la conservación de la biodiversidad puede ser un buen negocio para todos. En el caso costarricense, esta afirmación resulta particularmente válida, pues otras naciones nos visitan para obtener información sobre el modelo de gestión de las áreas protegidas, el ecoturismo y la investigación.
Sin embargo, esto no parece suficiente para convencernos de que conservar es un buen negocio. El Estado, que siempre tendrá recursos limitados, sacrifica la conservación, quizá porque, a diferencia de otras obras, sus beneficios no son siempre tan visibles para la sociedad.
Reducciones de presupuestos, limitaciones a los funcionarios para realizar acciones de control y vigilancia, o para emprender programas de educación ambiental, son una constante en el país.
Lo anterior ha traído, y traerá, consecuencias negativas para todos: para los recursos naturales, cada día más amenazados por cazadores, tala ilegal, etc.; para el país, que pierde terreno gradualmente en uno de los ámbitos donde mayor reconocimiento hemos merecido en el pasado; y para la sociedad, que ve disminuidas sus posibilidades de disfrutar la riqueza biológica, fuente también de riqueza económica.
Mientras esto sucede, continuamos proyectando la imagen de un país ecológico, aunque reducimos los recursos económicos disponibles para salvaguardar nuestra enorme biodiversidad.
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