Ante las informaciones publicadas por un medio de prensa en relación con la causa sobre la posible comisión del delito de intermediación financiera ilegal, manifestamos:

El Lic. Rodolfo Brenes, defensor del presbítero Guillermo Godínez Zúñiga, quien fungía como director de Servicios Pastorales, Unidad de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) hasta agosto del 2008, nos informó que presentó un recurso de apelación contra la resolución del Juzgado Penal que ordenó levantar el secreto bancario en la causa 08-81-621-PE. El propósito de esa gestión, que aún no ha sido resuelta, fue el de encauzar la investigación fiscal dentro de los límites de legalidad y de racionalidad. La orden del Juzgado Penal se considera innecesaria y desproporcionada por cuanto:

La prueba que solicita la Fiscalía ya se encuentra en su poder. Desde que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) visitó las oficinas de Servicios Pastorales, se le dio autorización para que revisara y tuviera acceso irrestricto a todas las cuentas bancarias, movimientos y operaciones de la Cecor. Esa información fue transmitida por la Sugef al Ministerio Público.

Esa información y evidencia aún no ha sido analizada por el Ministerio Público y por los peritos del OIJ, por lo que resulta innecesario ordenar un levantamiento del secreto bancario para obtener información que ya se encuentra en el expediente.

Además, la resolución que ordena el levantamiento del secreto bancario se dictó sin la debida fundamentación jurídica, y desborda ampliamente el marco de la investigación, ya que la orden es genérica y no se limita a los movimientos de las personas físicas y jurídicas que se investigan. Con ese proceder, se lesionan derechos de terceras personas que nada tienen que ver con los hechos investigados.

La sociedad panameña “Servicios Pastorales Latinoamericanos” fue constituida por el entonces presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), bajo la guía y consejo de expertos calificados en temas financieros para manejar dineros de instancias de la Iglesia Católica en algunos países de Latinoamérica.

Los sucesos acontecidos en la administración de Servicios Pastorales y otros bienes de la Iglesia, investigados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), obligaron a un mejor replanteamiento de la estructura interna administrativa del manejo de estos recursos. Como consecuencia de ello, se tomó la decisión de cerrar dicha sociedad, lo que efectivamente se hizo.

La Cecor reitera su interés en que el Ministerio Público concluya prontamente su investigación para que los hechos se esclarezcan y la verdad salga a la luz pública. Asimismo, manifestamos nuestra confianza en las autoridades fiscales y judiciales, quienes sabrán llevar a buen término este asunto. No obstante, solicitamos que toda gestión afín continué haciéndose dentro de los cauces correctos y legales.

Monseñor Hugo Barrantes, presidente de la Cecor.