Ronny Soto, corresponsal GN
Rodolfo Martín
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Puntarenas.- Una red internacional sospechosa de traficar personas con fines de explotación laboral quedó ayer al descubierto después de un mes y medio de investigaciones a cargo de agentes de la sección de Delitos Varios del OIJ, bajo la coordinación de la Fiscalía contra el Crimen Organizado (FACO).

La acción policial permitió el rescate de 36 ofendidos, todos asiáticos, confirmó el director del OIJ, Jorge Rojas.

La oficina de Prensa del ministerio Público desglosó la lista en el siguiente orden: 15 vietnamitas, 13 indonesios, cinco filipinos, dos taiwaneses y un chino.

Al cierre de la presente edición, las autoridades habían detenido a cuatro personas, tres orientales y un costarricense.

Los extranjeros fueron identificados como dos hermanos –un hombre y una mujer– de apellido Tseng, dueños de una reconocida empresa pesquera, acotó Rojas. Además, también fue apresado el capitán de las embarcaciones, un hombre de apellido Shung y un costarricense apellidado Espinoza, quien, aparentemente, se encargaba de la logística.

Las investigaciones culminaron con cinco allanamientos simultáneos en dos viviendas, igual número de embarcaciones y en un muelle privado.

Las casas están en Barranca y El barrio El Carmen, contiguo al embarcadero, propiedad de los dos hermanos de nacionalidad taiwanesa, se informó.

El director Rojas, explicó que una compañía establece contactos con personas de varios países asiáticos a quienes trae al país con un contrato para trabajar en labores de pesca.

“Una vez que llegan al aeropuerto Juan Santamaría, les retiran los documentos para que no puedan salir del país. Incluso, hasta se les limita aquí su tránsito. Algunos permanecen meses o hasta años en los barcos bajo condiciones totalmente insalubres, infrahumanas, en hacinamiento como los encontramos en esta diligencia que se hace hoy (ayer)”, expresó Rojas.

Rojas destacó que la pesquisas arrancaron luego de que varias personas que habían enfrentado esta situación huyeron y denunciaron la situación ante el Ministerio de Trabajo.

“Una vez que el OIJ y Fiscalía analizaron el tema, se optó por venir a Puntarenas a hacer el operativo en rescate de estas personas víctimas”.

El jefe de este cuerpo policial reveló que el compromiso de los contratistas consistía en pagarle a los asiáticos $250 por mes. Este dinero, supuestamente, se los enviarían a las familiares y no a los trabajadores.

“De esta manera, las personas se mantienen trabajando con mucho empeño creyendo que ese dinero estaba siendo enviado a sus parientes, pero después se percataban que no ocurrió así”, dijo Rojas ayer desde Puntarenas adonde se trasladó temprano para coordinar el operativo.