Un grupo de 26 familias extranjeras demandaron ayer al Estado por $10 millones (unos ¢5.100 millones) al considerar que quieren expulsarlos de sus viviendas.
El conflicto surgió luego de que el gobierno advirtiera que fueron edificadas en la zona protegida de una isla de Palo Seco de Parrita, Puntarenas.
Los afectados son jubilados de Canadá, Suecia, Francia y Estados Unidos en su mayoría, quienes compraron propiedades entre los años 20003 y 2010 en el condominio “Villa Las Flores”.
Para sorpresa de los propietarios, en el último trimestre del 2010 recibieron una advertencia administrativa por parte del Tribunal Registral Administrativo.
Ese ente les indicó que habían levantado propiedades en terrenos del Estado. La medida imposibilita la libre disposición de las villas y casas, por lo que no se pueden vender.
La notificación llegó al desarrollador luego de que los dueños habían inscrito sus fincas y obtenido el visado, registro de planos y títulos de propiedad sin ningún problemas o inconvenientes.
Además pagaban impuestos municipales, agua y electricidad.
El condominio fue desarrollado por el complejo Casa Rica, que lo adquirió en el año de 1991 y dos años después inició con la construcción de los inmuebles.
Luis Ramírez Ramírez, defensor de las familias, comentó ayer que lucharán por anular la advertencia administrativa para quedarse en sus viviendas, ya que no concuerdan con el criterio emitido por el Instituto Geográfico Nacional sobre el término “isla continental”.
“La demanda se presentó contra el INVU, el Estado y la Municipalidad de Parrita. Hasta en la última etapa dijeron al desarrollador que era una isla”, dijo Ramírez. El Tribunal Contencioso Administrativo podría ordenar la expulsión de los compradores, en su mayoría ancianos.
Se intentó conocer la versión del alcalde de Parrita, Freddy Garro, pero no devolvió la llamada.
