Viernes 6 de agosto, 2004. San José, Costa Rica.



 

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Una serie de recomendaciones para mejorar las políticas ambientales en la región fueron hechas por una asociación no gubernamental, en un estudio encargado por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).
Alexander OTÁROLA/Al Día

Fallas en política ambiental

Carlos SALAZAR, corresponsal

Naranjo.- La Región Huetar Norte, una de las más ricas zonas del país en biodiversidad, reúne más debilidades que fortalezas en la ejecución de políticas ambientales, gestión administrativa, conservación de los recursos naturales y aplicación de las leyes vigentes.

Así lo indica la Asociación Centroamericana para la Economía, la Salud y el Ambiente (ACEPESA), en un estudio encargado por el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).

Para obtener los resultados, se entrevistaron a más de 30 funcionarios de la institución, alcaldes de cantones de la región y a representantes de organismos no gubernamentales, entre otros.

El informe, entregado en marzo al MINAE y en discusión dentro de sus estructuras, propone para el Área de Conservación Arenal - Huetar Norte (ACA-HN), desarrollar estrategias para mejorar la gestión a partir de este año.

El subdirector del ACA-HN en Ciudad Quesada, Édgar Ulate, reconoció que algunas sugerencias están siendo puestas en práctica, pero no dio mayores detalles, ya que, según él, le corresponde al Director Regional, Fausto Alfaro, quien no se encontraba ayer en la oficina y no contestó al mensaje dejado en su celular.

Al respecto, el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, dijo desconocer el contenido del informe, pero informó que en la región hay diversos proyectos de prioridad para su despacho, como el fortalecimiento del Parque Nacional Maquenque.

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El diagnóstico efectuado por ACEPESA determinó que las limitaciones económicas en la Dirección Regional Arenal Huetar Norte, impiden invertir lo suficiente en la conservación de las áreas protegidas, como el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro.
Carlos SALAZAR/Al Día
Debilidades

El diagnóstico identificó que el área genera ingresos propios por el cobro de servicios que van a la caja única del Estado, pero también sirven para cubrir necesidades de otras zonas del país, y en un 60% para oficinas centrales en San José.

“Uno de los problemas más importantes que enfrenta el ACA-HN, es que el retorno de los recursos es insuficiente para cubrir las necesidades básicas. Además, la distribución de los recursos internamente no responde a una estrategia de trabajo”, precisó.

Asimismo, no existe una relación directa entre el plan anual operativo y la distribución presupuestaria, por lo que los planes se archivan sin ninguna ejecución, por falta de dinero.

Aseguró que ese problema contribuye a que la acción cotidiana se concreta en función de la demanda de servicios, “con poca o nula planificación o sistematización (dinámica predominantemente de apaga incendios)”.

Entre tanto, una gran parte de las áreas protegidas son propiedad privada y no se cuenta con recursos económicos para hacer las expropiaciones de tierras, asignándolas al Estado.

El ACA-HN está constituida por los cantones de San Carlos, Guatuso, Upala, Los Chiles, Alfaro Ruiz, parte de San Ramón, en la provincia de Alajuela, y parte de Sarapiquí, Heredia, que comprende una extensión geográfica de 682.500 hectáreas, y cuenta con 10 Áreas Silvestres Protegidas que suman 92.264 hectáreas.

Amenazas

El estudio aseveró que la Ley de Biodiversidad ha limitado la apertura al fideicomiso, que les permita administrar directamente parte de los recursos generados en el Área.

Esa alternativa fue la solución para otras áreas en el pasado, mientras que se ha dificultado conseguir el respaldo de una fundación, como lo tiene el Area de Conservación de Guanacaste y la Volcánica Central.

Por otra parte, los presupuestos en general del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), están sujetos a las políticas de control inflacionario del Estado. Por lo tanto, tienen un “techo” que les limita usar todos los ingresos generados.

Finalmente, señaló que existe la percepción de que los recursos institucionales no son distribuidos en forma equitativa ni oportuna, lo que dificulta el desarrollo de las áreas de conservación.

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