Viernes 6 de agosto, 2004. San José, Costa Rica.



 

Decomisan vehículos alterados

Banda operaría en San Carlos

Vivian MEDINA, corresponsal,
Édgar CHINCHILLA, corresponsal

Ciudad Quesada, San Carlos.- Un total de 17 automóviles Hyundai fueron decomisados aquí, en Aguas Zarcas, Guápiles y Limón por autoridades judiciales por presentar supuestas alteraciones.

Al parecer, el caso se descubrió cuando los líderes de la banda, supuestamente, le compraron al Instituto Nacional de Seguros (INS) vehículos con pérdidas totales para, presuntamente, desmantelarlos y venderlos luego en partes o repuestos.

Sin embargo, de acuerdo con una fuente cercana al caso, el propósito real era utilizar los números de placas y chasis para colocárselos luego a carros robados.

El trabajo, presuntamente, es tan bien elaborado, que se hace muy difícil reconocer las irregularidades.

De los siete vehículos decomisados el miércoles –la mayoría en Aguas Zarcas– se determinó que uno estaba en un taller de la zona, listo para circular.

Asimismo, otro permanecía estacionado en las afueras de una gasolinera.

Uno de ellos, supuestamente, pertenece a un oficial de Tránsito de San Carlos, cuyo nombre se omite por permanecer el caso en investigación.

Otros tres operaban como taxistas “piratas” en Aguas Zarcas y los otros dos estaban en manos de particulares, en Ciudad Quesada.

Entre tanto, en Limón, ocho vehículos fueron decomisados ayer por la mañana, mientras que en Guápiles, en la tarde, se incautaron dos más, supuestamente, propiedad del mismo oficial de San Carlos. Al parecer estaban en poder de un hermano del oficial, que los utilizaba como taxis piratas.

Investigación

El OIJ hizo una investigación previa de más de seis meses, a partir de los detalles brindados por algunos informantes.

Las autoridades presumen que podría tratarse de una banda, integrada por unas 15 personas, que estaría operando en el país, pero permanece en la zona de San Carlos desde hace dos años, principalmente en Aguas Zarcas y Pital

Algunas de las personas que circulaban con estos vehículos, afirmaron desconocer la procedencia e indicaron a las autoridades que presentarían cargos por estafa.

Otros podrían estar involucrados en las ventas ilegales, por lo que habrían cobrado, al menos, ¢1,6 millones por cada vehículo.

Se estima que es un negocio millonario, ya que han sido detenidos quince vehículos y se podría llegar hasta cincuenta en la misma condición.

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