Viernes 14 de mayo, 2004. San José, Costa Rica.



 

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Investigación
El fiscal Eddy Alvarado coordinó con el OIJ las averiguaciones sobre las violaciones de las menores.
Foto ilustrativa/Al Día

Juicio por violaciones

Rodolfo MARTÍN

Justicia pidieron, una a una, las cinco muchachitas que, supuestamente, habrían sido violadas por un hombre de apellido Barrantes.

La petición la hicieron durante la audicencia preliminar celebrada en el Juzgado Penal de Grecia.

Así lo confirmó Edwald Acuña Blanco, abogado de Casa Alianza que representa los intereses de dos de las menores afectadas.

Anteayer, un día después de celebrada la audiencia, la jueza penal Roxana Ulate, ordenó el auto de apertura a juicio.

El acusado ha dicho varias veces ser inocente de los cargos que le formulan.

Los familiares de las víctimas plantearon la acción penal, no así la civil, a la cual renunciaron porque el “único deseo es que se nos haga justicia”, comentó ayer la madre de una de las niñas.

En su momento, el fiscal de Grecia, Eddy Alvarado, expresó que “la acusación se basa en un criterio de fuerte probabilidad. La constatación de certeza jurídica no se podrá determinar hasta el debate respectivo”.

Barrantes enfrenta delitos como violación agravada, violación simple, corrupción agravada, corrupción y abuso sexual contra menor de edad.

La investigación, desplegada por oficiales del OIJ de ese cantón, bajo la coordinación de Alvarado, determinó que el sospechoso supuestamente abusó de cinco menores.

Dos de las niñas son nietas del investigado y las otras tres son parientes de ellas, sin vínculos con el sospechoso.

Las víctimas declararon y sus manifestaciones fueron avaladas por la totalidad de los padres de familia.

En el momento de los hechos las niñas tenían entre 3 y 9 años.

El sospechoso, supuestamente, pudo tener acceso a ellas, porque es muy conocido en la comunidad y los padres no objetaron nunca su presencia.

Algunas de sus acciones las cometió luego de llevarlas a pasear en un auto de su propiedad.

El sospechoso enfrenta algunas medidas cautelares como: impedimento de salida del país, alejarse de las víctimas y firmar cada mes.

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