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Préstamo español espera turno
Ministerio Público lo investiga Mónica UMAÑA D.
monicau@aldia.co.cr
El 21 de julio de 1997, 49 diputados aprobaron, por unanimidad, el Préstamo Español por $40 millones (¢17 mil millones, al tipo del cambio actual).
Minutos después, 14 diputados pidieron la palabra para externar su regocijo por el gran negocio que acababa de consumarse en el Congreso, en beneficio de la CCSS.
Ahora, todos los extremos de este proyecto serán sometidos a investigación en el Ministerio Público, luego de descubrirse que en un empréstito similar, el Finlandés, se pagaron millonarias comisiones.
El fiscal general, Francisco Dall'Anese, dijo la semana anterior que ya tenían la documentación para investigarlo, sin embargo el tiempo de los fiscales lo consume los casos Caja-Fischel y las comisiones de Alcatel.
Además, la Comisión de Notables denunció en su informe del viernes pasado, que un diputado de la administración Figueres Olsen (1994-1998) viajó a España y sostuvo conversaciones con los bancos, gestión que los Notables compararon con la actuación del exdiputado Eliseo Vargas, en las gestiones del préstamo finlandés.
Vargas figura como imputado en la investigación Caja-Fischel.
El convenio de crédito entre el Instituto de Crédito Oficial del Reino de España y la CCSS y del Convenio de financiación entre la CCSS y el Banco Bilbao Vizcaya S. A. se aprobó por unanimidad.
Entre los diputados que razonaron su voto está José Antonio Lobo, investigado por la Fiscalía en el caso Alcatel, y quien cumple prisión domiciliaria.
Lobo dijo que votó este empréstito después de haberle introducido importantes aportes, “de haberlo mejorado, de haber garantizado frente a los costarricenses, que los fines se cumplirán y que estos recursos no se desperdiciarán en el camino”, afirmó en ese entonces el exdiputado.
Al igual que Lobo, otros 15 legisladores pidieron la palabra para resaltar la importancia de este préstamo, destinado a comprar equipo hospitalario. Mala calidadSin embargo, la Contraloría General de la República y la auditoría interna de la Caja, advirtieron sobre deficiencias en la instalación, funcionamiento y calidad de los aparatos del Proyecto España.
Este empréstito fue el primer gran crédito de la Caja para atacar el rezago tecnológico. Comenzó a gestarse desde 1993, pero fue en la administración Figueres Olsen (1994-1998) cuando se concretó. Los equipos entraron al país en el 2000. Un informe de la Contraloría, de mayo del 2003, identifica problemas en el funcionamiento de los equipos, y plantea una gestión inefectiva de la Unidad Ejecutora del proyecto, para resolver solucionar deficiencias de calidad que se presentaron con la compra a un mismo fabricante de equipos valorados en $900 mil (¢403 millones).
Esa unidad estaba integrada por Alvaro Muñoz Fonseca (director) y Mario Saavedra Bedoya (subdirector), a quienes la Comisión de Notables recomendó denunciar ante el Ministerio Público.
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