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Controversia
La presidenta del Instituto Nicaragüense de Seguro Social, Edda Callejas (izquierda), quien en febrero de este año se reunía con un grupo de jubilados, está en el centro de una controversia, por aumentarse su salario en el 100 por ciento.
La Prensa de Nicaragua/Al Día
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Otra “piñata” en Nicaragua
Desvío de $2,4 millones en Seguro Social
Managua/AFP. La Contraloría General de Nicaragua descubrió que $2,4 millones del Instituto Niaragüense del Seguro Social (INNS), fueron entregados como “ayudas sociales” del gobierno a prominentes empresarios y otras personas físicas, informó ayer una fuente oficial.
Los gastos reportados como “ayuda social” por un monto de $2,4 millones, efectuados entre agosto del 2002 y junio de este año, fueron encontrados por una auditoría realizada al INSS, informó, en rueda de prensa, el contralor, Guillermo Argüello.
Entre los beneficiarios por la ayuda, figura el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Anastasio Somarriba, así como un espectáculo denominado Ben-Hur (competencia de carretas haladas por caballos) y cuyo organizador fue el ministro nicaragüense de Infraestructura y Transporte, Pedro Solórzano.
“¿De qué santo (el gobierno) va a usar el dinero de los asegurados para dárselo al expresidente de la empresa privada?”, cuestionó Argüello, al dar a conocer el hallazgo.
El funcionario reveló que la auditoría a las cuentas del INSS es para determinar por qué el dinero de los asegurados se entregó a particulares.
La auditoría en el INSS también descubrió que la presidenta de esa entidad, Edda Callejas, se “recetó un aumento de salario” del 100 por ciento para ella y del 50 por ciento para sus funcionarios, los cuales fueron aprobados por el consejo directivo. ReaccionesConsultado sobre el dinero que obtuvo, Somarriba admitió que recibió como ayuda social $10 mil para financiar parte de una operación de esófago que le practicaron en Estados Unidos.
“Es correcto (la entrega de la ayuda), puedo mostrar la cicatriz. No tiene ningún dolo político (...) Yo no soy funcionario del Estado, ni tengo ningún seguro social con el gobierno”, adujo Somarriba a la Agencia Francesa de Prensa.
Por su parte, la dirigente de la Federación de Trabajadores de la Salud y diputada sandinista Iris Montenegro, cuestionó la “discrecionalidad y abuso exacerbado” con el que se administra el dinero de los cotizantes del INSS.
La legisladora es miembro de la Comisión de Salud del Parlamento, que aboga por una reforma a la ley de seguridad social, principalmente en lo referido al órgano directivo y a su presidencia, cuyos cargos son nombrados por la Presidencia de la República.
Montenegro manifestó que la ley de seguridad social establece un fondo para ayuda social, pero “para optar a esos fondos el beneficiario debe ser cotizante activo y presentar su colilla de pago o ser jubilado o pensionado”.
La diputada criticó la entrega de ese dinero a funcionarios y empresarios allegados al gobierno, pues “se está ordeñando al INSS”.
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