Viernes 24 de septiembre, 2004. San José, Costa Rica.


Campeonato Nacional 2004-2005


 

Foto Principal: 814192
Cumplió
La Agencia de Cooperación Japonesa prefirió no opinar sobre las supuestas irregularidades en el IGN, pues aseguran que el proyecto en la cuenca del Tempique cumplió todos sus objetivos.
Archivo /Al Día

Listo despido de ingeniero del IGN

Caso de cuenca Tempisque en el Ministerio Público

Mercedes AGÜERO ROJAS

Un ingeniero del Instituto Geográfico Nacional fue despedido sin responsabilidad patronal por supuestas anomalías en el manejo de $231.067 (¢103 millones al tipo de cambio actual) en un proyecto de la cuenca del Tempisque.

Así lo confirmó ayer el subdirector del Departamento Legal del MOPT, Rónald Muñoz.

El cese del funcionario regirá a partir del 1° de octubre, según una resolución del Tribunal del Servicio Civil del 20 de agosto anterior.

El despido del ingeniero Víctor Guerrero, fue tramitado por el entonces ministro de Transportes, Javier Chaves.

Muñoz dijo que Guerrero ya apeló ante el Tribunal Superior de Trabajo, pero eso no impedirá su despido.

Ayer se intentó hablar con Guerrero, pero en su casa se informó que está de gira fuera de San José. No quisieron brindar un número donde localizarlo.

La destitución de Guerrero, así como la del director del IGN, Eduardo Bedoya, fue tramitada el 24 de febrero anterior por Chaves. A ambos se les atribuye supuestas anomalías en el manejo de un proyecto ejecutado en el marco de un convenio entre los gobiernos de Costa Rica y Japón.

La petición de despido de Bedoya aún no ha sido resuelta.

Investigación sigue

El MOPT también remitió el caso al Ministerio Público, según confirmó una fuente de esa institución.

Tal y como informó Al Día en abril anterior, el entonces ministro Chaves había solicitado a la Dirección Jurídica valorar si las actuaciones de Bedoya y Guerrero constituían un delito y en caso de confirmarse enviarlo al Ministerio Público.

Tras ese análisis se envió al Ministerio Público.

Un informe de la Auditoría Interna del MOPT, estableció que el Instituto Geográfico suscribió y manejó, supuestamente, al margen de la ley, un acuerdo por venta de servicios con la Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA) en el 2000.

JICA contrató los servicios a la empresa “Pacific Internacional Naigai Engineering” (PCI), y ésta los subcontrató al Instituto Geográfico por el orden de $231.067 (¢103 millones al tipo de cambio actual).

Ese monto supuestamente habría sido entregado en cheques al ingeniero Guerrero, quien pagó horas extras, jornales, viáticos y compró equipos.

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