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Sanción a municipio de Nicoya
Contraloría General Julio PEÑA, corresponsal
redaccion@aldia.co.cr
Nicoya - La Contraloría General de la República sancionó a la Municipalidad de Nicoya, por la deficiencia administrativa en el manejo de la Zona Marítima Terrestre.
El informe sobre los resultados obtenidos por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo de la Contraloría, fue conocido por el Concejo Municipal en la sesión del pasado 13 de setiembre. El estudio se realizó sobre el periodo comprendido entre el 1 enero del 2003 y el 31 de julio del 2004.
La investigación concluyó que “la función de vigilancia y protección de la zona marítima terrestre por parte de la municipalidad es deficiente, lo que ha propiciado, entre otras cosas, la invasión de los terrenos que conforman la zona pública”.
La Municipalidad de Nicoya mantiene bajo su administración un total de 38 kilómetros de zona marítima terrestre, de los cuales cuenta únicamente con cerca de 5 kilómetros regulados.
Según la evaluación, el área pública de la zona marítima terrestre está en grado importante invadida por particulares y, en consecuencia, no está plenamente dedicada al uso público.
De Sámara, el informe señaló “irrespetos” al plan regulador y que el municipio ha permitido la construcción de viviendas en áreas destinadas para calles, parqueos, paradas de buses, baños, vestidores y servicios sanitarios.
Lo anterior se “agrava” cuando el ayuntamiento cobra al interesado o particular un canon anual, como si se tratará de un concesionario, subrayó.
El estudio reveló una deficiente gestión de administración y protección, escasa labor de inspección y control, carencia de planes reguladores, un pendiente de cobro por ¢32 millones, falta de políticas, estrategias, objetivos y metas, carencia de un sistema de información computarizado, manual o una mezcla de ambos.
Señaló una “deficiencia de control” por el recargo de funciones en el abogado municipal Miguel Ángel Guillén, responsable de la oficina de la zona marítima terrestre.
La Contraloría adujo que el recargo de funciones “resulta incompatible con las funciones que oficialmente se le tienen asignadas”.
De acuerdo con el análisis, hay 40 construcciones ilegales en zona pública en Playa Escondida, Garza, Sámara, Esterones, Punta Sámara y Barco Quebrado. Además, existen 8 construcciones ilegales en zona no regulada en Garza.
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