Erick Carvajal M.
ecarvajal@aldia.co.cr

Un fallo de la Sala Constitucional a favor del sindicato Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular, estableció una medida donde se indica que todos los funcionarios públicos están en la obligación de acatar las sentencias aunque no tengan el documento completo.

Carlos Manuel Vega, secretario del Sindicato, dijo ayer que ellos mandaban correos y se les devolvían.

El sindicato ganó un recurso en noviembre del año pasado contra el Banco, que según la parte resolutiva del fallo, debía permitirle a los agremiados enviar ese tipo de correos.

Sin embargo, la entidad se negó a habilitar esa función, hasta no recibir la sentencia completa.

La organización presentó otro recurso. El viernes pasado, el banco acató la orden y el envío de mensajes se solucionó

Julián Volio, abogado constitucionalista, indicó que esta es una medida para que la administración actúe de inmediato y no tengan que esperarse hasta que se recojan todas las firmas de los magistrados en el fallo completo.