Erick Carvajal M.
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La jueza María Elena Chaves estableció que existen “indicios graves” para presumir que los acusados por el caso Coopemex son probables autores de los hechos que les atribuye el Ministerio Público.

La Sugef intervino Coopemex por supuestas anomalías en su administración y el superintendente Francisco Lay, dijo a Al Día que estiman una pérdida de unos ¢8 mil millones. Coopemex tenía 88 mil asociados.

La jueza Chaves fijó su posiciòn en una resolución dictada el 27 de febrero pasado, en el Juzgado Penal de Turno Extraordinario de San José, donde resolvió las medidas cautelares contra cinco personas acusadas de supuesta administración fraudulenta y autorización de actos indebidos.

Según la jueza, en este comentado caso hay “sumas astronómicas de dineros cuyo destino es preciso determinar”.

Conforme la resolución, hay prueba documental e informática que respalda la acusación planteada y además hay una gran cantidad de dinero que afecta el patrimonio de muchísimos afiliados.

Por el caso Coopemex, la Fiscalía detuvo el viernes pasado a cinco personeros de la cooperativa de apellidos: Villalobos, Hernández, Lara, Sandoval y García. A ellos les dictaron medidas cautelares y quedaron en libertad.

Anteayer se detuvo a otros dos funcionarios de apellidos Jiménez y Ramírez, a quienes ayer les dictaron medidas cautelares y fueron puestos en libertad.

Defensa: no hay nada

José Miguel Villalobos, abogado del acusado Sandoval, mencionó en una audiencia previa a la resolución de la jueza, que en este caso no hay asomo de defraudación, ni daño ni pérdida para los intereses de los socios.

Además, señaló que la Sugef no ha demostrado que exista un monto defraudado.

Federico Campos, abogado de uno de los acusados de apellido García, explicó que este no contaba con el personal suficiente para establecer la existencia de una cartera paralela y además recibía la misma información que se le suministraba a Sugef.

Por su parte, Fernando Morera, defensor de Lara, Hernández y Villalobos, indicó que sus clientes no tenían que dudar del departamento de crédito de Coopemex en relación con la acusación que se les hace por presunta participación en la autorización créditos irregulares.

Anomalías claras

Según la resolución de la jueza, las anomalías resultan claras y hay alteraciones evidentes.

Sostiene que existen cuadros que constan en la denuncia recibida que establece que los créditos se refieren a una cantidad de dinero y el monto real acreditado es otro.

La jueza indicó que las dietas adelantadas al Consejo de Administración, al Comité de Seguridad y al Comité de Educación por ¢165 millones se emitieron sin justificación aparente y consigna que se arriesgó capital, se alteró mucha información y que se cuenta con material documental e informático.

Señaló que los imputados no podían ignorar la situación y debían estar informados sobre el tipo de operaciones que realizarían, aprobarían o firmarían.

Desde el 2008

El Ministerio Público expuso ante la jueza Chaves, que entrevistaron a una persona de apellido Roinishvili, informático de Coopemex, quien les indicó que fue Sandoval el que le pidió crear la cuenta paralela desde el 2008.

El abogadoVillalobos, defensor de Sandoval, sostiene que con fondos de reserva se amortizaron activos y para eso se creó la cuenta paralela. Él dijo que es discutible pagar créditos de esa forma pero no hay un perjuicio. Agregó que el daño lo causa la Sugef por una intervención apresurada.

Gerente ofreció negocio a empresarios

Luis Alonso Barboza, quien según la Sugef recibió un crédito de Coopemex para comprar un centro comercial en Monteverde, Puntarenas, explicó en un comunicado de prensa, que dicho negocio se los ofreció a varios empresarios el gerente de la cooperativa de apellido Sandoval, a finales del año pasado. Que incluso, el ofrecimiento incluía el financiamiento respectivo.

La Sugef denunció cuatro operaciones de crédito por un monto de $5.502.443, otorgados por Coopemex para financiar la venta de un centro de negocios en Monteverde. Los créditos se dieron a cuatro deudores, tres de los cuales se asociaron a la cooperativa entre el 22 y el 23 de diciembre del 2009.

Barboza dijo que ellos cumplieron con todos los requisitos que solicitó Coopemex y que incluso no vieron irregular el hecho de afiliarse poco tiempo antes de que se efectuara la transacción.

Indicó que no existió un desembolso de dinero, ya que con la firma del contrato de préstamo, se firmó también un contrato de venta y una garantía de pago.