Por falta de pruebas, el Ministerio Público desestimó, en 2007, las pesquisas contra el expresidente José María Figueres en torno al caso ICE-Alcatel, confirmaron ayer voceros de la Fiscalía.
Los delitos que serían eventualmente acusables prescribieron el año pasado. Al expresidente (1994-1998) se le investigó por negociaciones incompatibles, inducción a error a la administración tributaria, cohecho impropio y asociación ilícita.
“Por falta de prueba que permitiera acreditar la tesis de la Fiscalía, se solicitó la desestimación, resolución que fue aprobada por el Juzgado Penal de Hacienda el 14 de diciembre del 2007”, indicó ayer la oficina de prensa de la Fiscalía ante consulta de Al Día.
Figueres recibió $906 mil, entre el 2000 y 2003, por supuestas asesorías a la empresa Alcatel mediante la firma HF Desarrollos Interdisciplinarios.
Esta última es propiedad de su exasesor, Roberto Hidalgo.
El Ministerio Público le levantó el secreto bancario, analizó los contratos de Alcatel y entrevistó a Cristian Sapsizian, vicepresidente de Alcatel para América Latina, Roberto Hidalgo y Carmen Valverde, exsecretaria del PLN (también recibió dinero), todos en calidad de testigos.
Figueres, quien regresó al país el jueves luego de 11 años de ausencia, defendió la legalidad de sus actos. “No esperé a que vencieran plazos; no sé si han vencido. En todo caso, el Ministerio Público desde el principio nunca me llamó a cuestionarme”, afirmó. La mandataria Laura Chinchilla dijo ayer que no ha pensado en reunirse con el exmandatario.
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