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Miércoles 18 de mayo de 2011, San José, Costa Rica

Seguridad Pública alegó falta de dinero y personal para custodia

Frenan libertad de mexicanos

Carlos Láscarez S.

clascarez@aldia.co.cr

Los dos mexicanos que tenían previsto abandonar ayer la cárcel La Reforma ante un cambio de medidas –otorgado por la jueza Kathya Jiménez Fernández – permanecerán presos por tiempo indefinido.

Seguridad Pública informó al Juzgado Penal de Pavas que no está en capacidad de trasladar y custodiar a los sospechosos (de apellidos Martínez y Mendoza) en una lujosa torre de apartamentos en La Sabana, San José.

La jueza Jiménez les concedió arresto domiciliario en vez de permanecer en Máxima Seguridad de La Reforma.

La notificación sobre la incapacidad policial para asumir el cuido de los sujetos –quienes estarían detrás de una aeronave que se estrelló en Pavas con cocaína – la presentó el ministro de Seguridad interino, Celso Gamboa.

El funcionario manifestó que brindar protección las 24 horas del día y por cuatro meses a los mexicanos tendría un costo superior a los ¢62 millones.

Ante esta circunstancia, la Fiscalía presentó la tarde de ayer una solicitud de modificación de la medida cautelar, la cual deberá resolver el Juez Penal de Pavas.

Por medio de un escrito, la jueza Jiménez, de 37 años, indicó que ya pasaron siete meses desde que inició el proceso y que la Fiscalía no ha acusado, pese a que solo falta por incorporar el informe de Aviación Civil sobre las causas del siniestro de la avioneta.

Pese a que los mexicanos no contaban con arraigo familiar o domiciliario, la jueza les otorgó arresto domiciliario con custodia policial, siempre y cuando establecieran un domicilio fijo.

Jiménez les concedió una fianza ¢10 millones (la pagaron el día en que fueron notificados), así como la entrega de los pasaportes.

Trascendió que el dueño de los apartamentos decidió rescindir el contrato, por lo que estarían incumpliendo una de las medidas.

Dentro de la aeronave accidentada en un cañón del río Torres –una Piper Cherokee, matrícula TG-CEB – las autoridades hallaron 177 kilos de cocaína.

El fiscal general Jorge Chavarría comentó que la fundamentación del Tribunal no revela argumentos sólidos para conceder el cambio de prisión preventiva.