Pese a que la jueza Kathya Jiménez Fernández aseguró anteayer que al expediente sobre el desplome de una aeronave con 177 kilos de cocaína solo le hacía falta el informe de Aviación Civil sobre las causas del accidente, esa dependencia en realidad nunca investigó el percance.
El pasado 10 de mayo Al Día solicitó a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) copia del informe final sobre el accidente, registrado el 10 de octubre del 2010 en el cañón del río Torres.
En esa ocasión voceros de la DGAC indicaron que el Departamento de Investigación de Accidentes e Incidentes Aéreos no emprendió pesquisa alguna, “al no estar facultados para hacerlo, según la regulación existente en relación a vuelos ilegales o ligados a crímenes”.
La dirección agregó que los informes no tienen carácter policial o judicial.
Tal explicación es contraria a lo dicho por la jueza Jiménez, quien indicó: “El tribunal advirtió que habían transcurrido prácticamente siete meses desde que se inició el proceso y que no se había obtenido decisión alguna por parte del Ministerio Público sobre el caso, pese a que únicamente le faltaba incorporar el informe de Aviación Civil sobre las causas del siniestro de la avioneta”.
Jiménez ordenó la liberación de dos mexicanos de apellidos Mendoza y Martínez, para la Fiscalía los responsables del envío de cocaína a Guatemala.
La decisión quedó en espera, pues Seguridad Pública alegó que no tiene personal ni contenido económico para darles resguardo en un lujoso edificio de apartamentos en La Sabana, San José.
Caso a Inspección Judicial
Desde ayer y a petición del presidente de la Corte, Luis Paulino Mora, el accionar de la jueza penal es investigado por el Tribunal de la Inspección Judicial, confirmó Rodrigo Flores Garrido, presidente de esa dependencia.
“Nosotros investigamos integralmente el asunto, desde el punto de vista de la actuación de la jueza. Estamos en una fase preliminar”. Agregó que los jueces están bajo un sistema disciplinario que tiene como límites el principio de independencia funcional.
En caso de descubrirse que Jiménez incurrió en alguna anomalía, podría ser suspendida con goce de salario mientras se eleva al régimen disciplinario.
La jueza otorgó a los mexicanos como medidas alternas de prisión el pago de ¢10 millones de fianza, entregar su pasaporte y poseer domicilio fijo.
Villalobos respalda accionar de jueza
¿Cómo explica que no existe peligro de fuga de sus representados cuando la Fiscalía asegura que pretendían salir del país?
Eso es absolutamente falso. En el expediente no existe ningún informe al menos que sugiera que ellos han pretendido sobornar a nadie. Estaban legales en el país y uno de ellos iba a visitar a su esposa, que estaba enferma.
¿Y el dinero que llevaban?
Ese dinero fue producto de un préstamo. Uno de ellos lo tenía para la compra de una vivienda, pero como no lo concretó, lo cargaba en efectivo.
¿Qué opina de los cuestionamientos sobre la jueza al otorgarles casa por cárcel?
Se modificó el arresto carcelario por domiciliario porque la jueza, de manera fundamentada, consideró que el peligro de fuga se puede paliar con esta medida. Además otorgó el pago de una fianza, la entrega de los pasaportes y la vigilancia de policías.
Esa misma jueza lo liberó a usted en 2009 en una causa por legitimación de capitales.
Me parece que las insinuaciones perniciosas que han tratado de hacerle son injustificadas. Es una jueza que resuelve conforme a derecho. Respaldo su resolución sustentada.
