Un total de 200 agentes del OIJ, en coordinación con 37 fiscales del Ministerio Público, asestaron ayer un golpe policial que incluyó a cinco provincias, como parte de la investigación por presuntas irregularidades con la construcción de la trocha 1856, confirmó el fiscal general, Jorge Chavarría.
Los 41 allanamientos se realizaron en empresas de maquinarias, oficinas de contadores y viviendas de San Carlos, Guápiles, Grecia, Sarapiquí, Cartago, Heredia, Tibás, Quepos, Turrialba, Orotina y Upala.
Los operativos tuvieron como fin conocer los contratos de las 35 empresas allanadas y que se beneficiaron con los millonarios contratos suscritos con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que gastó más de ¢20.000 millones en la trocha.
Jorge Chavarría, fiscal general, aseguró ayer que las empresas se beneficiaron con montos que van desde los ¢24,5 millones hasta los ¢2.005 millones.
Los allanamientos se centraron en la búsqueda de documentos contables –tanto físicos como electrónicos – y los movimientos internos de las empresas en relación con las contabilidades.
Las empresas que más dinero obtuvieron fueron: Constructora El Bajo del León S.A, Corporación Ronda de Mijas S. A, Quebrador Arenal S. A y Constructora Herrera S. A, señaló la fiscalía.
“En el fenómeno de la corrupción participa tanto el funcionario público como el ciudadano o el empresario. Queremos avanzar el caso de corrupción como debe ser. No se descarta que la investigación abarque a más personas”, aseguró Chavarría.
Los delitos que se investigan son peculado y enriquecimiento ilícito, dirigidos contra los funcionarios que han sido mencionados semanas atrás.
Los lugares donde más allanamientos se realizaron ayer fueron en San Carlos y Guápiles (8 puntos), seguido de Grecia con cinco.
En ninguna de las diligencias judiciales se arrestó a alguna persona, por que se está detrás de la reconstrucción financiera, comentó el fiscal general.
También de las horas maquinaria que se pagaron, el equipo usado y el que estuvo varado.
Entre los investigados destacan Carlos Acosta Monge, exdirector del Conavi y otros dos funcionarios de apellidos Serrano y Ramírez, cuyas viviendas fueron allanadas el 14 de mayo pasado.
Todavía no se han efectuado imputaciones formales y se está a la espera de finalizar las diligencias de investigación, señaló el fiscal Chavarría.
Ahora se analizarán las pruebas recolectadas, lo que duraría semanas. Las 35 empresas son sociedades anónimas inscritas.
Chinchilla respaldó operativos
La presidenta Laura Chinchilla aseguró ayer en Casa Presidencial, en Zapote, que respaldaba los operativos realizados.
“Se deben sentar las responsabilidades de quienes traicionaron a la patria en este caso. Absolutamente todos los responsables deben de pagar por sus actos”, expresó la mandataria en un comunicado. Además afirmó que espera atender las observaciones señaladas en la obra por grupos ambientalistas y del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).
