El problema del uso de celulares por parte de los privados de libertad del centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, podría acabar el otro año.
El viceministro de Justicia, Fernando Ferraro, manifestó que la compra de dispositivos diseñados para centros penales se podría financiar con los fondos que generará el nuevo impuesto a personas jurídicas.
“Se han hecho diferentes cálculos sobre cuánto es lo que se podría recaudar anualmente y puede que al Ministerio de Justicia, para invertir en el sistema penitenciario, le correspondan entre $1,5 y $2 millones”, indicó.
Según comentó el jerarca, el valor de los dispositivos que se usan a nivel mundial en cárceles ronda entre $200 mil y $1 millón.
En la actualidad, ese centro penitenciario cuenta con bloqueadores de señal celular, donados por grupos empresariales. Sin embargo, se encuentran apagados desde hace dos años.
Ferraro explicó que no alcanzan para cubrir las 112 hectáreas de extensión de la finca donde se localizan cinco centros penales (entre ellos, La Reforma). Empero, señaló que el área de acción de los dispositivos generaba afectación a los pobladores de zonas circundantes.
“No están apagados por ese motivo (las quejas vecinales). Están apagados porque se colocaron a la intemperie y se han ido dañando. Cumplieron su propósito al principio, pero tienen ya cinco años de instalados”.
El viceministro detalló que estos bloqueadores especializados tienen una capacidad mayor, por lo que la cobertura sería ideal y, a su vez, brindan la posibilidad de limitar el efecto para no perjudicar a los vecinos.
Visitantes y oficiales trafican
Por ahora, las autoridades penitenciarias dependen solo de las requisas para evitar que los reclusos tengan celulares.
En un fin de semana, cerca de 4 mil personas ingresan como visitantes a La Reforma. Por turno, hay 30 oficiales destacados en el puesto de revisión.
“Cada persona que entra, es posible que lleve teléfonos, entre otras cosas, para introducirlos al centro”, dijo Ferraro.
El funcionario reconoció que hay investigaciones abiertas contra policías penitenciarios que abastecen de celulares a los reos. Las comisiones por introducirlos a la cárcel se duplicaron a ¢100 mil en el último año, agregó.
