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El comisionado de la policía de San Carlos de Nicaragua, Gregorio Aburto, indicó que los jóvenes sospechosos del crimen de José Daniel Madrigal, de 38 años, permanecerán en celdas de esa institución descontando la prisión preventiva.
Alexánder OTÁROLA/Al Día
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Piden tres meses de preventiva
Sospechosos de matar a empresario en Pital Juan Pablo CARRANZA, enviado
jpcarranza@aldia.co.cr
San Carlos de Nicaragua.- El Ministerio Público de Nicaragua solicitó tres meses de prisión preventiva contra tres de los cuatro sospechosos de matar al empresario José Daniel Madrigal, la madrugada del martes, en Cuatro Esquinas de Pital de San Carlos.
La otra presunta responsable, una menor de 15 años, quedará a partir de hoy en libertad, bajo medidas cautelares, mientras el Juzgado Juvenil de la ciudad de Juigalpa, en el departamento de Chontales, estudia si tuvo alguna participación en el hecho.
Hasta el momento, la Fiscalía indicó que, según la declaración de los tres restantes imputados y las pesquisas efectuadas por las autoridades de Costa Rica y de Nicaragua, la joven pareciera no haber participado en el crimen del dueño de una empacadora de raíces y tubérculos.
"Nuestra investigación dice que la menor de edad estaba metida en uno de los cuartos descansando, cuando supuestamente se cometía el homicidio. Incluso ella, al despertarse, y ver el cuerpo de Madrigal, comenzó a pedir auxilio", indicó Élmer Antonio Reyes, fiscal del departamento de San Carlos, encargado del caso.
Entre las evidencias incautadas que comprometen a los sospechosos, están la cédula de residencia del fallecido y su licencia de conducir de Costa Rica, dos teléfonos celulares, así como ¢1,5 millones que estaban en fajos con colillas del Banco de Costa Rica.
Hoy, a las 8 a.m., la juez de audiencia, Sandra León, les oficializaría la prisión preventiva a los imputados, identificados como de apellidos Obregón, de 18 años, Urbina López, de 22 y su hermano, de 19. Los apellidos de la otra joven, por su condición de menor edad, no serán revelados.
Todos, hasta ayer en horas de la tarde, permanecían en las celdas de la sede regional de la Policía Nacional de Nicaragua, en San Carlos.
El jefe de la policía en el departamento del Río San Juan, Gregorio Aburto, aseguró que con los sospechosos permanecieron funcionarios de la oficina de derechos humanos de Nicaragua, quienes se encargaron de que la menor de edad no se incriminara por presión de sus compañeros.
En abril, de ser aprobada la prisión preventiva, el Juzgado determinará si son culpables o no de la muerte de Madrigal, de origen nicaragüense y con residencia en Costa Rica.
Reyes agregó que aún hacía falta recopilar más información y que las autoridades ticas entregaran el resto de las pruebas, lo que harían en las próximas horas. Acción policialAburto destacó la labor conjunta entre la policía de su país y la costarricense, que permitió la detención, en horas de la tarde.
"A las 3:30 p.m. del martes, Nieves Rueda (directora regional del OIJ en San Carlos) se comunicó con nosotros para informarnos sobre el caso de estas cuatro personas. Inmediatamente, montamos un operativo con 25 policías a lo largo de 50 kilómetros de la línea fronteriza.
"Los ubicamos en el puerto de Santa Fe, sobre el río San Juan. Los cuatro venían en una panga que hace el recorrido normalmente entre Costa Rica y Santa Fe", informó el oficial.
Aburto afirmó que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la extradición a Costa Rica de los sospechosos, por ser nicaragüenses.
Ante esta situación, la esposa de Madrigal, Albaluz Montoya, y la secretaria de la empresa Aracelly Vallejo Espinoza, se presentaron a la delegación de San Carlos de Nicaragua para hacer los reconocimientos y ofrecer las declaraciones correspondientes. Vallejo identificó a los detenidos como a los cuatros trabajadores que vivían en la planta empacadora.
El comisionado agregó que pensó trasladar a los presuntos victimarios hasta Managua, pero desistió de esta posibilidad pues, a su criterio, complicaría el proceso judicial.
El Norte/Al Día intentó conocer las declaraciones de los sospechosos, pero las autoridades indicaron que tenían prohibición para hablar con personas ajenas al proceso.
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