Miércoles 02 de febrero, 2005. San José, Costa Rica.


Campeonato Nacional 2004-2005


 

Foto Principal: 899264
En trámite
El INCOP está en proceso de dar en concesión los servicios del puerto de Caldera.
Archivo/Al Día

Derroche en el INCOP

Carro de ¢10,8 millones para gerencia

Mercedes AGÜERO ROJAS

¿Debe una institución como INCOP, donde no hay dinero ni para garantizar la seguridad de sus trabajadores, comprar un carro de ¢10,8 millones para su gerente.

El cuestionamiento lo lanzó la ANEP ante la adquisición de un vehículo modelo 2005 para uso de la gerencia general del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

El auto, 4x4, tipo rural, Hyundai Terracan DLX, para 7 pasajeros, según ANEP, es es para uso discrecional del gerente general, Urías Ugalde.

Al Día intentó durante varios días conocer la versión del funcionario, pero no contestó los mensajes dejados en sus oficinas en San José y Caldera.

Fuerte crítica

"Decimos que tal compra resulta un descaro, dado que recientemente falleció por accidente laboral un compañero de la estiba, precisamente porque esa institución no invierte en equipo de trabajo y de seguridad ocupacional, lo que tiene prácticamente estancados los servicios portuarios", afirmó ANEP en un pronunciamiento de prensa.

La adquisición del vehículo fue acordada por la junta directiva y se hizo mediante una licitación pública.

La ANEP también cuestionó que al no dársele mantenimiento adecuado a los equipos de transporte, la flotilla de la institución es "prácticamente un desecho".

Esto además conduce a la entidad portuaria a hacer gastos adicionales en alquiler de vehículos, como ambulancias, buses y carros livianos.

Joaquín Cruz, secretario de prensa del sindicato de la institución, defendió que la compra se hizo siguiendo los procedimientos establecidos.

El proceso de privatización de los puertos mantiene enfrentados al Sindicato del INCOP con ANEP.

Además, en los últimos años esa institución ha sido objeto de fuertes cuestionamientos y escándalos debido a actuaciones de sus jerarcas. El 31 de julio del 2002 el Consejo de Gobierno despidió al entonces presidente ejecutivo de esa entidad, Guillermo Ruiz, por pérdida de confianza. Se le cuestionó haber incurrido en despilfarro y gastos innecesarios.

Mientras que el 21 de junio del 2000, el exgerente general, Franklin Suárez, fue condenado a seis años de prisión por haber recibido dinero, en dos oportunidades, para prorrogar el contrato con un proveedor.

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