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Columna Verde
Participación y ambiente Jorge Cabrera Medaglia
La participación ciudadana en la discusión -y, en ocasiones, decisión- de asuntos ambientales constituye un principio fundamental del desarrollo sostenible.
Por supuesto que, para hacer realidad este principio, se necesita un adecuado acceso a la información. Así lo han manifestado, en no pocas oportunidades, la Sala Constitucional y la Defensoría de los Habitantes, entre otros.
Por ejemplo, esta última ha indicado claramente lo siguiente:
"La participación de las comunidades y grupos representativos en la evaluación y utilización de los recursos naturales tiende a garantizar su utilización sostenible y su mejor distribución.
"Para ello, la sociedad debe organizarse y acreditar representaciones que le permitan incorporarse como parte de la discusión y toma de decisiones, que garanticen una evaluación comprensiva de las oportunidades.
"Para que las comunidades participen adecuadamente, es necesario que estén informadas de manera fidedigna y oportuna, y ello, independientemente de los otros actores del proceso, compete al Estado.
"De acuerdo con la normativa nacional y los convenios internacionales suscritos, el gobierno de Costa Rica está en la obligación de abrir estos espacios y garantizar la efectiva participación comunal, independientemente de las vías alternas que encuentren las comunidades organizadas para manifestarse y participar en las decisiones". (Oficio DHR-3662-96, del 1 de noviembre de 1996).
La Sala Cuarta ha sido de la misma opinión:
"No puede excluirse al ser humano que recibirá los efectos de las decisiones gubernamentales en materia ambiental, de su participación en la decisión de asuntos vinculados con esta materia.
"Reiteradamente, esta Sala ha sostenido que el derecho de audiencia hace parte del debido proceso sustantivo, y que es una forma de expresión de la democracia participativa (artículo 1 de la Constitución política)". (Sentencia 10466).
Inclusive, esta instancia había anulado inicialmente una licitación petrolera por falta de consulta a los pueblos indígenas, tal como lo dispone un convenio internacional.
En el ámbito legal existen numerosas formas en que se halla contemplada la participación ciudadana. Por ejemplo, las audiencias públicas en las evaluaciones de impacto ambiental o en la aprobación de planes reguladores urbanos.
En algunos cantones se han aprobado reglamentos para realizar consultas populares, las cuales han sido convocadas para tratar temas ambientales.
Asimismo, se cuenta con disposiciones que abren espacios de participación en comisiones o consejos de la más variada índole. Inclusive, se puede citar el caso de los Consejos Regionales Ambientales, donde se establecen potestades para tomar decisiones.
Éstas y otras instancias de participación se han venido consolidando de manera que, poco a poco, el ciudadano puede tener mayor injerencia sobre las acciones que afectan su calidad de vida.
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