Según lista del tribunal supremo de elecciones

Familia Esquivel Volio: mayores donantes del PLN

Aportaron ¢90.030.500 a la campaña política de Óscar Arias Sánchez

Con aportes por un total de ¢90.030.500, la familia Esquivel Volio fue el mayor donante de la pasada campaña electoral, con aportes al partido Liberación Nacional (PLN), según la suma de distintas donaciones, efectuada por Al Día, con base en los informes del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Las contribuciones fueron realizadas entre los meses de diciembre de 2005 y febrero de 2006, por los hermanos Alfredo, Álvaro, Mario y Alberto Esquivel Volio, así como varios hijos de estos empresarios, dueños de plantaciones bananeras y de las empresas Corrugados del Guarco y Corrugados Belén, entre otras.

Alfredo Ortuño, extesorero de campaña de Liberación Nacional, dijo que los aportes de esos empresarios fueron a título personal y no dieron dinero por medio de sociedades.

Al Día intentó conversar con los empresarios, pero no fue posible localizarlos.

Un segundo grupo de donantes giró al PLN un monto de ¢28.336.495, mediante varios aportes realizados por Francisco, Geovanna y Ramón de Mendiola Sánchez, así como Haydee de Mendiola Terán y Manuel de Mendiola Vélez.

A ellos le siguen donaciones de la Corporación Supermercados Unidos (CSU), fundada por la familia Uribe y que ahora pertenece a la cadena Wal Mart.

CSU –presidida por Rodrigo Uribe Sáenz– entregó ¢9.923.600 a la campaña del Movimiento Libertario y ¢17.920.800 al PLN.

En la lista de donantes, entregada por el Tribunal Supremo de Elecciones , también figuran las contribuciones del bufete de abogados Feinzaig, Scharf & Van der Putten –del cual forma parte, entre otros, la abogada Mónica Nágel, actual directora ejecutiva de la empresa Alterra Partners–, que dio ¢7.502.250 al PLN y ¢17.410.850 al Movimiento Libertario (ML).

Robert Van der Putten, presidente de Feinzaig, Scharf & Van der Putten S.A. y actual secretario de finanzas del ML, donó ¢4.746.500 a los libertarios, para un total de ¢24.913.100, distribuidos entre ambos partidos.

Una cifra similar –¢24.497.000– (de la que Al Día dio cuenta hace dos semanas) es la que le dieron a Liberación Nacional los empresarios salvadoreños José Ricardo Poma y Carlos Patricio Escobar, presidente y vicepresidente del grupo Roble, por medio de las sociedades Parque Central S.A. y Centro Comercial Multiplaza S.A.

En cuanto al Partido Acción Ciudadana, sus principales donantes fueron el abogado Sergio Alfaro Salas, asesor legal del partido, que dio ¢12.215.000. Y el empresario Hernán Solís Herrera, dueño de la constructora del mismo nombre, que aportó ¢10 millones, a la campaña de Ottón Solís .

El jueves pasado, el magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado dijo que el TSE no puede garantizar a los costarricenses que el financiamiento de la campaña haya sido transparente (Ver nota adjunta). “Estamos imposibilitados legalmente para auditar las finanzas de cada partido”, dijo.

“No podemos dar garantía” Sobrado tiene esperanza en los actuales diputados. Archivo Ronny Rojas ronnyrojas@aldia.co.cr Con los brazos apoyados en su escritorio y con palabras serenas, Luis Antonio Sobrado, magistrado del Tribunal Supremo de Eleciones (TSE), afirmó el jueves pasado que nueve meses después de las elecciones presidenciales, el Tribunal no puede garantizarle a los costarricenses que el financiamiento de los partidos políticos, durante la pasada campaña electoral, haya sido transparente. ¿Puede garantizar el TSE que en materia de financiamiento hubo transparencia? No, el sistema no da garantía de transparencia. Aquí procuramos hacer más rigurosos los informes de los partidos políticos. Pero tienen que autorizarnos para auditar sus finanzas. ¿Cómo hacerlo? Desde el 2001 el Tribunal envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al Código Electoral que eliminaría muchos portillos legales. No hubo voluntad politíca para hacerlo, se dejó para el último momento y no salió. ¿Qué hay que cambiar? No es posible que en Costa Rica sean permisibles las donaciones de personas jurídicas. Esto le quita total transparencia al proceso, porque en el país no existe un registro público de accionistas. ¿Qué cambios promueven ustedes? Si bien queremos eliminar la posibilidad de donaciones de personas jurídicas, sugerimos que no exista límite para las donaciones de personas físicas. Lo que es de valor público en esta materia, es que la gente sepa quién paga la actividad política. ¿Tienen indicios de que hubo donaciones no reportadas? Sobre eso no tenemos indicios. Pero le repito, el problema es que no estamos habilitados legalmente para hacer una auditoría. ¿Cómo se ve el panorama con los actuales diputados? Las relación con el TSE ha sido magnífica; diálogo constante y abierto y vamos por buen camino.