Erick Carvajal M.
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José Miguel Villalobos, defensor de Eliseo Vargas, expresidente ejecutivo de la CCSS e imputado en el caso CCSS-Fischel, indicó que prometer una dádiva a un funcionario público no era delito, según el Código Penal vigente en el momento de los hechos denunciados.

Villalobos inició ayer su etapa de conclusiones y aseguró que la prueba financiera traída de Panamá no puede ser aceptada porque no la pidió un juez, sino la Procuraduría.

“No se trata aquí de probar si los hechos ocurrieron, ese es el objetivo de la etapa de investigación. De lo que se trata aquí es si los hechos investigados e incorporados en la acusación se pueden probar, no si ocurrieron”, dijo Villalobos al Tribunal.

El abogado de Vargas indicó que de la misma forma la prueba financiera traída de Estados Unidos no se puede admitir porque fue pedida con base en información encontrada en los documentos panameños.

Villalobos cuestionó la declaración de Walter Reiche, presidente de Corporación Fischel, y dijo que no es cierto que existiera un apuro para la aprobación del proyecto Finlandia que justificara el supuesto ofrecimiento de dinero a los funcionarios públicos.

Francisco Campos, abogado de Walter Reiche, dijo ayer que Villalobos no puede engañar al Tribunal leyendo a medias.

Aclaro que, con respecto a la interpretación del Código Penal cuando se dieron los hechos, existe un voto de la Sala Tercera donde se señala que dar es prometer. “No se puede dar sin prometer”, comentó Campos.

Reiche aseguró ayer que nunca prometió, sino que dio, al pagar el dinero por la aprobación de la licitación y la ampliación por la compra de equipo a Finlandia.