Afectación rondaría los $200 millones

Otto Vargas M.

ovargas@nacion.com

Casi 500 víctimas de una estafa, conciliaron con los dueños de una compañía de captación de fondos, señalada por un fraude que rondaría los $200 millones y propiedad de Luis Milanés Tamayo, un cubano-estadounidense.

Así, el Juzgado Penal de San José espera cerrar el capítulo abierto en 2002, cuando cientos de inversionistas –en su mayoría estadounidenses y canadienses – vieron esfumarse sus ahorros tras el intempestivo cierre de la compañía Savings Unlimited.

Ewald Acuña, representante legal de algunos afectados, calificó la negociación como “dura, lenta y complicada”.

“Es una buena opción, aunque es obvio que no están satisfechos (los afectados) con el arreglo. En vista del tiempo que ha pasado y de que en caso de llegar a juicio no hay certeza de lo que se pueda obtener, el arreglo es lo mejor”, puntualizó este exjuez.

El arreglo

Conforme el acuerdo, se constituirá un fideicomiso para pagar a las víctimas. Milanés ofreció 11 propiedades y $1,8 millones en efectivo (se comprometió a pagar $100 mil mensuales durante 18 meses). Los otros imputados en la causa ofrecieron ¢150 millones.

La idea es que, en año y medio, el dinero recuperado se reparta entre los ofendidos, pero para eso hay que determinar porcentajes de retorno de acuerdo con el dinero invertido por cada víctima.

Más de 50 personas que resultaron afectadas no aceptaron el plan y prefieren ir a juicio. El acuerdo ya está homologado (está en firme), pese a que el juez Mario Francisco Piedra aún no termina la audiencia.

El jurista prefirió no referirse al caso por estar abierta la causa y por su deber ético de confidencialidad. El abogado Acuña estimó que, de acudir a la vía ordinaria, a los afectados les tomaría entre cuatro y seis años recibir compensaciones económicas. No fue posible localizar a Joaquín Ureña, representante de Milanés.