Rodolfo Martín
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Puntarenas.- Un rótulo de “se alquila” en la casa y, el desconocimiento del dueño acerca del nuevo domicilio de su exinquilina, alertó al OIJ local sobre la posibilidad de que podría dificultarse la localización de una mujer secuestrada el jueves 18 de febrero del año pasado en Juanilama de Esparza.
Esta probabilidad preocupó aún más cuando los vecinos tampoco pudieron informar sobre la nueva dirección.
Yarenys Arroyo Vargas, de 25 años, debió comparecer ayer ante el Tribunal Penal de Puntarenas en el inicio del juicio para aclarar las causas y alcances de su secuestro y no apareció.
Además, el OIJ tampoco localizó a una hermana de la ofendida llamada Griselda porque, al llegar al domicilio anotado en el expediente, supo que no solo ya no vivía ahí, sino que un hermano del propietario de la casa tampoco la conocía.
La fiscal de juicio, Lissette Garro, intensificará durante las próximas horas la búsqueda de ambas testigos clave para ver si es posible que aparezcan el miércoles para cuando quedó reprogramado el debate.
Ayer, el Tribunal de Juicio, abrió el debate con la lectura de la acusación y la identificación del sospechoso, quien se abstuvo de declarar.
Este, de apellido Cadavid y de nacionalidad colombiana, permanece preso y se abstuvo de brindar declaraciones.
En su casa
Arroyo fue secuestrada a las 7:40 p.m. cuando un cuñado suyo, el dominicano Ismael Rosario y su esposa, una hermana de ella, la llegaron a dejar a su casa, según la acusación.
Yarenys entró y adentro fue sorprendida por al menos cuatro encapuchados que le pidieron salir y que les entregara a Rosario. Sin embargo, este se percató que algo no andaba bien y escapó. Los desconocidos, entonces, se llevaron a Yarenys.
Luego de 29 horas de movimientos y tensión, fue liberada previo pago de $39.000 y ¢70.000 pagados en San Rafael Abajo de Desamparados.
Cadavid fue detenido a bordo de una motocicleta minutos después de que la mujer había sido liberada. Le incautaron el dinero que previamente había sido marcado y un revólver.
Con evidencia
Lissette Garro, fiscal.
Al sujeto le decomisaron dinero marcado y el dato de un número telefónico al que llamaban para negociar”.
Susan Guerrero, defensora.
La defensa técnica aclara que por ahora se reserva los alegatos para la etapa de las conclusiones”.
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