Plazo para entregar documentos finalizó en julio

CGR analiza bienes

Con la Ley de Enriquecimiento, las declaraciones se cuadruplicaron

Las declaraciones juradas de bienes que recibe anualmente la Contraloría General de la República (CGR) se cuadruplicaron este año con la entrada en vigencia de la nueva Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Antes de la nueva ley se recibían aproximadamente 3 mil declaraciones, mientras que ahora son unas 12 mil, confirmó ayer la oficina de prensa.

Las bases de datos de la Contraloría no estaban listas para ese cambio, es por eso que ahora se están depurando con nuevos programas y sistemas de procesamiento de información.

La oficina de prensa de la CGR indicó que aún no se conoce el número exacto de declaraciones recibidas, y dentro de unos dos meses se tendrán datos más exactos.

En mayo pasado venció el plazo para que los funcionarios antiguos presentaran sus declaraciones, mientras que el 1 de julio fue la fecha límite para que lo hicieran los funcionarios que por primera vez la presentaban.

Los funcionarios que incumplan con la entrega de esta información o la entreguen en forma tardía se exponen a nuevas sanciones.

Con la ley anterior, el artículo 13 sancionaba con el despido a aquel funcionario que no presentara la declaración jurada de bienes dentro del plazo establecido.

Ahora las sanciones son, según la gravedad de la falta cometida por el funcionario, una amonestación escrita publicada en La Gaceta, la suspensión sin goce de salario de quince a treinta días, y la separación del cargo público, sin responsabilidad patronal.

Esa ley, que empezó a regir desde el 29 de octubre del 2004, sanciona con cárcel el tráfico de influencias, a quien se valga de su cargo o posición jerárquica para influir en un empleado público con el fin de que se retarde un nombramiento, una adjudicación, una concesión o bien un contrato.

Algunos funcionarios renunciaron a sus puestos por incompatibilidad con la ley.

Ley le costó el puesto

Un funcionario de un banco estatal de apellido Sánchez, quien no presentó a tiempo su declaración jurada de bienes, la Contraloría recomendó despedirlo, según el artículo 13 de la anterior Ley de enriquecimiento ilícito.

El afectado interpuso un recurso de amparo que dejó sin efecto, temporalmente, la recomendación de despedirlo, sin embargo, la primera semana de julio los Magistrados de la Sala IV declararon sin lugar el recurso.

"Presentamos una revisión a la Contraloría para que se aplique la nueva ley, dado que todavía no hemos sido notificados formalmente del fallo de la Sala Constitucional", explicó el funcionario.

La intención es que se aplique una sanción más leve, según lo contempla el artículo 39 de la nueva ley, que entró a regir el 29 de octubre del 2004, después de la sanción que se le impuso a este gerente de una sucursal bancaria en San José.