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 Internacionales Viernes 18 de agosto, 2006, San José, Costa Rica.
 

Jueza le da un duro revés al gobierno de Bush

Prohíben espiar a "gringos"

Giró órden contra monitoreo de llamadas y correos electrónicos

Washington/AFP.- La jueza federal Anna Diggs ordenó detener el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial, puesto en práctica por el gobierno de George W. Bush, tras alegar que el líder se extralimitó en sus poderes.

La Casa Blanca rechazó enérgicamente esta decisión argumentando que el programa es uno de los instrumentos vitales y eficaces contra el terrorismo. El portavoz Tony Snow, informó que el Departamento de Justicia interpuso una apelación y que la aplicación de la decisión quedará suspendida hasta una audiencia, prevista para el 7 de setiembre.

Otra negativa más

Diggs le dijo no al gobierno cuando le pidió declarar inaceptable el pedido de ACLU, con el argumento de que el programa era secreto.

Con su orden judicial, Diggs prohíbe el monitoreo a llamadas y correos electrónicos de millones de estadounidenses. "Nunca fue la intención de los artífices de la Constitución otorgar al presidente un control sin límites, particularmente cuando sus actos desprecian los principios establecidos en las enmiendas relativas a las libertades civiles", escribió en su fallo de 44 páginas.

La jueza respondió así a una demanda presentada ante un tribunal de Detroit por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), contra la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). La ACLU puso la denuncia a pedido de trabajadores, periodistas, abogados y profesores quienes alegaban no poder desarrollar su trabajo por miedo a comunicaciones monitoreadas.

Pero la ACLU también demandará a las compañías telefónicas que participaron en el programa de Bush, al asegurar que violaron las obligaciones con sus clientes.

La NSA puso en práctica las escuchas luego de los atentados del 11 de setiembre del 2001, para monitorear las llamadas entre Estados Unidos y el extranjero, sin un mandato de la Justicia, lo que fue revelado en diciembre pasado por la prensa. A pesar de esto, el gobierno de Bush aseguró que se ajustaba a los "poderes de guerra" del presidente y que sólo tenía como objetivo a las organizaciones terroristas.

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"El interés público es claro (...) se trata de defender la Constitución", afirmó Diggs en sus conclusiones.
AP

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