En siete allanamientos simultáneos del OIJ

Cae familia de robacarros

Entre los seis detenidos se hallan tres hermanos y, por resistirse al arresto, su padre

Desamparados y Heredia.- Un duro golpe dio ayer la sección de Robos de Vehículos, del OIJ, luego de que capturó a seis individuos a los que las autoridades vinculan con varios bajonazos.

La detención de los sospechosos se produjo en siete allanamientos simultáneos en San Rafael Arriba de Desamparados, Sabana sur, Santa Bárbara de Heredia, cerca de la Corte Suprema en San José y en Tibás.

Los sospechosos son de apellidos Hernández, Bryce y Monge, además de tres hermanos apellidados Caamaño, de 28, 30 y 35 años.

El padre de los Caamaño, de 50 años, también fue arrestado, por oponerse a la acción policial, en un taller de Desamparados.

Los hermanos fueron detenidos en tres casas; Monge, de 30 años, en un parqueo en Tibás, donde guardaban los carros robados; Hernández (32), en Sabana sur; y Bryce (38), en Santa Bárbara de Heredia.

A ellos se les vincula de forma directa con, al menos, 12 bajonazos en Alajuela, Heredia y San José, afirmó ayer Jorge Rojas, director del OIJ.

Entre las vehículos que la banda sustraía destacan varios Nissan Sentra, Honda, un Toyota Hilux, una camioneta Prado, Four Runner, Yaris y un BMW.

Según las investigaciones, los sospechosos se volvían muy violentos contra las víctimas de los bajonazos, aunque nunca dispararon contra nadie.

Durante el operativo, a cargo del OIJ y el grupo de choque SPII, se decomisaron dos armas, varios juegos de llaves, 1.700 gramos de marihuana, 300 piedras de crack y ¢6 millones en efectivo.

Banda mudaba carros

La forma de operar de la banda consistía en contactar a personas cuyos vehículos habían sufrido pérdidas totales, y luego les ofrecían comprar los documentos de los carros siniestrados.

Con esos papeles en su poder, buscaban vehículos de características similares a las consignadas en la documentación y los robaban mediante bajonazos.

Las autoridades determinaron que la banda pagaba por los documentos cerca de ¢500 mil a personas que hasta ese momento sólo tenían chatarra, y a las que a veces extorsionaban.

“Se encargaban de averiguar a quiénes les declararon pérdida total, y luego robaban uno similar para gemeleo, repuestos o para sacarlo del país”, aseguró Rojas.