Ley contra violencia doméstica entra en vigor

1:30 p.m. San José / AFP.- Una ley para la penalización de la violencia contra las mujeres, que ha ganado el aplauso de grupos feministas pero que también ha sido cuestionada y considerada desproporcionada contra los hombres, entrará en vigor a partir del viernes.

El presidente Oscar Arias anunció que hoy quedaría sancionada la ley, que fue aprobada en primer debate en diciembre del 2004 y ratificada en segundo debate en abril pasado, luego de varios años de discusión y consultas constitucionales.

La presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), Jeannett Carrillo, celebró este jueves que "Costa Rica se encuentra a la vanguardia en la protección de los derechos de las mujeres, pues hasta ahora sólo España posee una normativa similar".

"La nueva ley viene a sancionar todos los tipos de violencia, tanto la física como psicológica, sexual, emocional y la patrimonial. Evidentemente las penas no son las mismas, a mayores tipos de violencia, penas más serias", agregó Carrillo.

Según el Inamu, en Costa Rica fueron asesinadas 35 mujeres por sus esposos o compañeros durante el 2006, 40 en el 2005 y 21 en el 2004. Durante el presente año, siete mujeres han sido asesinadas en crímenes de este tipo.

Durante años, organizaciones feministas abogaron ante el Congreso por la aprobación de la ley, que fue votada en cinco ocasiones en primer debate desde el año 2000, pero que luego se determinó en la Corte Suprema de Justicia que contenía vicios de inconstitucionalidad.

Dichos vicios fueron corregidos, aunque algunos juristas estiman que la ley aún violenta el derecho de igualdad y equidad.

El abogado experto en familia, Pedro Birute, uno de los más fervientes opositores a la ley, ha dicho que "no hay que estudiar mucho para saber que esta es una ley discriminatoria a favor de las mujeres. Está mal hecha; da mucho margen a la interpretación".

La ley establece hasta 35 años de cárcel para quien asesine a una mujer con la que tenga una relación de confianza o de poder. Asimismo penaliza con 18 años de prisión a quien mantenga relaciones sexuales con una mujer contra su voluntad.

La ley castiga además con un máximo de seis años de cárcel a quien "insulte, ridiculice o avergüence de manera pública o privada" a una mujer. Este último es uno de los puntos más cuestionados de la nueva ley, porque podría prestarse a abusos de parte de la supuesta víctima.

También castiga con hasta seis años de prisión al hombre que obligue a su mujer a mantenerlo.

Los jueces podrán cambiar ciertas penas de cárcel por detención de fin de semana, servicio comunal, tratamiento o inhabilitación para ejercer un puesto.

Las organizaciones feministas confían en que la nueva ley contribuya a disminuir la violencia intrafamiliar y la agresión hacia las mujeres.

Pero el diputado del Movimiento Libertario, Luis Antonio Barrantes, advirtió en abril pasado, cuando se aprobó la ley, que ésta "atenta contra la Constitución Política y contra los derechos de los individuos. Se mete mucho en el ámbito privado y los tipos penales son muy abiertos e indeterminados".

El proyecto, ahora convertido en ley, comenzó su trámite legislativo en el 2000, durante el gobierno del socialcristiano Miguel Angel Rodríguez.