Jueves 10 de abril de 2008, San José, Costa Rica
Nacionales | Tras rechazo a abrir base política aquí
FARC apostó a la clandestinidad en Costa Rica
Arribaron autorizados por gobierno de Figueres Olsen; obtuvieron ayuda de ciudadanos y organizaciones ticas y usaron país para fortalecerse política y militarmente, dice informe Berrocal
  • AlDia.co.cr
    Representantes de las FARC en Latinoamérica.

Ronny Rojas
Erick Carvajal
Fuente:Informe de Fernando Berrocal, exministro de Seguridad, con datos de autoridades de inteligencia de Colombia y Costa Rica.
ronnyrojas@aldia.co.cr

Las actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en Costa Rica se iniciaron cuando el gobierno del expresidente José María Figueres Olsen (1994-1998) les abrió las puertas, y pasaron del ámbito público al secreto, luego de que en noviembre del 2001 el gobierno de turno rechazó que abrieran una oficina política.

Esto ocurrió poco después de que sus representantes fueron expulsados de México por el presidente Vicente Fox.

El informe del exministro de Seguridad Fernando Berrocal, en manos de los diputados, evidencia que costarricenses ayudaron en su momento, de una u otra forma, a los líderes guerrilleros en sus misiones aquí.

La apertura política en Costa Rica la iniciaron en 1996 los guerrilleros Luis Alberto Albán Urbano, alias “Marcos León Calarcá”, pieza clave en México, y Liliana López Palacio, alias “Olga Marín”, hija del fundador de las Farc, Manuel Marulanda.

En junio de ese año hubo dos reuniones en San José, por invitación del gobierno tico, en las que participaron “Raúl Reyes”, Olga Marín, el guerrillero Ovidio Salinas Pérez, alias “Juan Antonio”, y el costarricense Guido Sibaja como “delegado especial del presidente de Costa Rica”.

Aprovechando la fachada de esa negociación de paz con el gobierno colombiano, las Farc establecieron un escritorio en Costa Rica para fortalecerse política y militarmente, declaró a Al Día el director de la Policía Nacional de Colombia, Óscar Naranjo.

Según evidencias halladas en el campamento del guerrillero “Raúl Reyes”, muerto en Ecuador el 1.º de marzo anterior, las actividades de las Farc en Costa Rica siguen vigentes.

“Raúl Reyes” escribió en su agenda personal, el 23 de octubre del 2007, que el trabajo de las Farc en Costa Rica “avanza por buen camino pese al gobierno de derecha” y ubicó al país como el lugar donde se realizarían actividades de importancia para la guerrilla en el marco de la Coordinadora Continental Bolivariana.

En sus apuntes, “Reyes” también destacó un sitio en Costa Rica al que llama “la casa de la gata”, cuyo significado hasta ahora desconocen las autoridades.

El documento de Berrocal, compuesto por información de inteligencia de las autoridades colombianas y costarricenses, señala que entre 1994 y 1998, los líderes guerrilleros Ovidio Salinas Pérez y Miguel Castañeda Agudelo comenzaron a vincularse a reconocidas figuras políticas ticas, ya retiradas, “la mayoría de pensamiento antiimperialista”.

Entre estos nombres figuran el diputado José Merino del Río, y los exlegisladores Humberto Vargas Carbonell y Rodrigo Gutiérrez Sáenz, así como José Jurado del Barco, quien se encuentra muy delicado de salud, y “reconocidos sindicalistas”, cuyos nombres no detalla el documento.

Merino ha dicho que recibió a miembros de las Farc como parte del proceso de paz. Rodrigo Gutiérrez expresó ayer que no recuerda haber hablado con guerrilleros.

“En este tipo de informes siempre es muy fácil vincular a los sectores de izquierda de un país con los del otro”, dijo Gutiérrez.

Simultáneamente a su labor política, dice el informe, las Farc quisieron promover los objetivos de su lucha armada entre gremios sindicales, organizaciones de derechos humanos y estudiantiles, tales como CODEHUR, FEUCR, FEUNA, ANEP y CUT.

La relación de las Farc con los grupos estudiantiles se enfrió en 1998, a raíz de tensiones entre ambas partes. Cristina Barboza, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), dijo ayer que actualmente no tienen nexos con grupos colombianos o alguno de sus miembros.

Según el informe, el 19 de marzo de 1999 se llevó a cabo una velada donde participaron, entre otros, el diputado José Merino del Río; el secretario de la ANEP, Albino Vargas Barrantes; el exdiputado Rodrigo Gutiérrez Sáenz y Factor Méndez Doninelli, en calidad de representante de la Comisión Internacional de las Farc y funcionario de CODEHUR.

Albino Vargas se abstuvo ayer de dar declaraciones a Al Día.

El informe identifica a dos grupos clave para el establecimiento de la guerrilla en el país: la Asociación Centro de Integración Cultural Costa Rica-Colombia, creada en 1997, y el Grupo de Apoyo Internacional a las Farc constituida entre 1994 y 1998.

Ambas instancias facilitaron la inmigración al país de familiares de varios cabecillas guerrilleros, como Pablo Catatumbo, Martín Villa y Solís Almeida.

Pieza de los círculos bolivarianos

El abogado Carlos Arturo Meneses Reyes, quien vive en Costa Rica y es investigado por la Policía de Colombia, por su presunto nexo con las Farc pertenece a círculos bolivarianos como el “Alfredo Maneiro” y la Asamblea Bolivariana de Costa Rica, señalan informes de inteligencia dentro del documento del exministro Fernando Berrocal.

Meneses Reyes, quien protocolizó la escritura de la venta de la casa de Rodrigo Granda “Canciller” de las Farc a la esposa del médico Hernando Vanegas, otro presunto contacto del grupo que vivió aquí en el 2002,

El documento indica que Meneses, a quien se le ha visto en la Asamblea Legislativa recientemente, tiene relaciones con funcionarios de la Embajada de Venezuela y ha participado en actividades organizadas por esa sede diplomática y el Consulado de Cuba, “donde mantiene contacto con organizaciones sindicales y sociales del país”.

Hernando Vanegas, quien vivió aquí entre 1999 y el 2005, en condición de refugiado, era considerado por las autoridades como el representante internacional de las Farc en Costa Rica, en sustitución de Ovidio Salinas.

A menudo Vanegas enviaba reportes desde Costa Rica a Rodrigo Granda. En uno de ellos, el médico, quien laboraba en el hospital San Juan de Dios, se refirió a la ayuda recibida por una persona que identifica como Arnoldo Mora –quien les regaló una impresora– así como a la donación de propaganda que les hizo el sindicato ANEP.

“Los gastos de medicamentos aumentaron, porque ahora no puedo sacar los medicamentos en el hospital, espero ahora que empiece a trabajar poder hacerlo”, escribió Vanegas a Granda.

Según el expediente, el trabajo de Vanegas aquí contó con la ayuda del político colombiano Álvaro Leyva Durán, quien ingresó al país en 1998 y obtuvo residencia temporal como asilado político.

Leyva fue cuestionado en Colombia por enriquecimiento ilícito y narcotráfico, y en Costa Rica fue mediador entre las Farc y el gobierno de los Estados Unidos.

El informe señala que Leyva adquirió estatus de refugiado, con la colaboración de los abogados Ricardo Castro Calvo y Jorge Urbina Ortega. Este último era en ese entonces miembro de FUNDAPAZ y hoy es embajador de nuestro país ante la organización de Naciones Unidas (ONU).

Otra organización mencionada en el informe, es la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA), que patrocinó, a finales de los 90, la solicitud de residencia costarricense de varios colombianos, entre ellos Ovidio Salinas y Miguel Castañeda.

En el 2005, la revista “Cambio” de Bogotá, señaló a Salinas (quien tenía orden de captura en Colombia) y a Castañeda, como embajadores de las Farc en la región.

Según el informe de Berrocal, la tica Ana Cecilia Jiménez, vicepresidenta de CODEHUCA, solicitó en el 2005 la reubicación de Hernando Vanegas Toloza, alegando persecución política.

Jiménez es parte del grupo Solidaridad con Cuba y también ha hecho contactos con el abogado Carlos Arturo Meneses Reyes, según lo señala el expediente.

Tras la detención de Rodrigo Granda en Venezuela, en diciembre del 2004, el esposo de Jiménez, Trino Barrantes Araya, conocido sindicalista de la UCR, acompañó a Vanegas a Migración para pedir que le brindaran protección.

Según el reporte, cuando Vanegas salió del país, rumbo a Suecia, en el 2005, Jiménez se encargó de administrar sus bienes, entre ellos la casa que el “Canciller” de las Farc le traspasó a la esposa de Vanegas.

Ese mismo año, señala el documento, Cecilia Jiménez se reunió con Cruz Prado, dueña de la casa donde Granda guardó $480 mil de las Farc, y a quien el guerrillero le otorgó un poder generalísimo que la facultaba para vender sus propiedades en el país.

Durante su estadía en Costa Rica, el médico Hernando Vanegas Toloza también cursó la maestría en Educación de la Universidad La Salle, a cargo del esposo de Cruz Prado, Francisco Eleuterio Gutiérrez Pérez.

En una carta que Rodrigo Granda envió a “Raúl Reyes”, con fecha del 9 de noviembre del 2001, le dijo: “Francisco el de Cruz Prado envía muchas saludes a Raúl y se siente orgulloso de verlo constantemente en televisión. Rememora cuando lo veía leyendo y escribiendo en su casa”.

En 1997 Cruz Prado y Francisco Gutiérrez hospedaron en su casa a “Raúl Reyes” y a su esposa Olga Marín, durante una semana, pero alegan que desconocían quiénes eran en realidad.

Gobierno preocupado por mensaje

Rodrigo Arias, ministro de la Presidencia, se mostró preocupado por una anotación de “Raúl Reyes”, encontrada por el Gobierno de Colombia, de octubre pasado, donde dice que “el trabajo de las Farc avanza por buen camino en Costa Rica, pese al Gobierno de derecha”.

“Es muy seria; somos conscientes de que las Farc comenzaron en este país en la década de los 90, con actividades políticas, instancias de diálogos de paz, y posterior al 2000 se da esta mezcla de farc y narcotráfico. La presencia de esta casa en Santa Bárbara de Heredia es una evidencia que han querido incursionar”, dijo Arias.

Anteayer, la Asamblea Legislativa conformó una comisión especial para investigar los vínculos de las FARC.

La integran: Mayi Antillón, Francisco Marín y Jorge Méndez, del PLN; Marvin Rojas y Olivier Pérez, del PAC; Mario Quirós, del Movimiento Libertario; Lorena Vásquez, del PUSC; José Merino, del Frente Amplio, y el independiente José Manuel Echandi.

Colaboró Alejandro Arley

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