San José/EFE.- El expresidente de Costa Rica y exsecretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, denunció hoy ante el Ministerio Público al fiscal general, Francisco Dall'Anese. En la denuncia, lo acusa de los delitos de favorecimiento personal e incumplimiento de sus deberes, por lo que solicita que se le inhabilite del cargo para investigarlo.

Rodríguez, quien fue presidente entre 1998 y el 2002, asegura que el fiscal general no ha investigado varios delitos confesados por José Antonio Lobo, un excolaborador quien es el “testigo estrella” de la Fiscalía contra del expresidente.

El exmandatario es sospechoso de recibir cerca de $600.000 de la firma francesa Alcatel durante su mandato, como parte de un “premio” por una concesión que le otorgó el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la instalación de una red de telefonía celular.

Rodríguez es investigado desde hace casi cuatro años, incluso estuvo un año en prisión preventiva, pero aún no se formula una acusación formal en su contra y mucho menos se ha establecido una fecha para un juicio.

“En su afán de comprar a toda costa la acusación de Lobo en mi contra, Dall'Anese ha cometido delito de incumplimiento de deberes y de favorecimiento personal”, afirmó el exsecretario general de la OEA luego de presentar la denuncia.

Según la denuncia interpuesta hoy, Lobo ha confesado que recibió $559.639 por parte de Alcatel, por otros “premios” antes del año 2002, delitos que, para el mandatario, no han sido investigados a cambio de que Lobo le acusara a él.

Lobo fue quien dijo a las autoridades que el “premio” de Alcatel se repartió en un “60 y 40” (por ciento) entre él y Rodríguez.

“El trato (a Lobo) no se justifica” y añadió que a Lobo “ e han venido comprando (el testimonio) reiteradamente desde el 30 de setiembre del 2004”, el día de su confesión.

Agregó que “este país no puede seguir aguantando la impunidad y que se tergiverse la función pública. La función pública no es para el lucimiento de Dall'Anese, no es para que coja a un ex presidente de la República para lograr méritos políticos”, dijo Rodríguez.

Y continuó: “el fin (del fiscal) no es hacer justicia ni cumplir con el debido proceso, el fin es perseguir a un expresidente para a través de todo el 'burum bum' (escándalo) lograr un lucimiento personal”.

Por el caso del ICE el exgobernante renunció a su puesto en la OEA y regresó voluntariamente a Costa Rica en octubre del 2004, cuando fue arrestado y enviado a prisión preventiva durante casi un año, pero posteriormente se le dejó en libertad con algunas medidas cautelares como no salir del país.