Ronny Rojas
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La realidad que viven los ciudadanos diariamente en las calles, fue reconocida por la Contraloría General de la República, que afirmó que las políticas públicas en seguridad ciudadana, en los gobiernos anteriores, entre 1994 y 2006, no tuvieron un impacto efectivo contra el crimen.

La CGR detectó una escasa coordinación entre los poderes del Estado, inoperancia del Consejo Nacional de Seguridad Pública y falta de información confiable para medir la criminalidad y la violencia en el país.

A dos años de la administración de Óscar Arias, los problemas persisten. “El Gobierno no ha definido formalmente la cantidad de policías requeridos por determinado número de habitante, que es uno de los criterios técnicos de estimación de las necesidades de personal”, indicó la CGR.

La entidad citó un informe de diciembre anterior, en el cual señala que, pese al vertiginoso aumento de la criminalidad, la tasa de policías por cada 100.000 habitantes disminuyó, de 249 oficiales, en 1995, a 241 el año pasado.

Según la Contraloría, en el Ministerio de Seguridad no existen criterios claros para definir el perfil del personal a contratar. El órgano contralor solicitó que el lugar de residencia de los policías no se utilice como variable para reclutar.

La ministra de Seguridad, Janina del Vecchio, expresó que es muy “aventurado” establecer un plazo para revertir el problema. “Estos es casi una cruzada; debemos maximizar el uso de los recursos que tenemos y trabajar muy de cerca con el OIJ y los demás cuerpos policiales”, dijo.

Según del Vecchio, en los últimos días se reforzó el proceso de selección, bajo criterios socioeconómicos, académicos, jurídicos e incluso de la condición física de los reclutas. La administración Arias prometió 4.000 nuevos policías en su gestión y en dos años se incorporaron 1.600 nuevos efectivos, de acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad.