Carlos Láscarez S.
clascarez@aldia.co.cr

¢130 millones pidió ayer en reparación de daños la parte querellante en el juicio que se sigue a cuatro karatecas acusados de supuesta violación contra una joven corredora de bienes raíces.

El suceso ocurrió en una fiesta de “barra libre” en Santa Ana en diciembre del 2004.

El reclamo de daños fue planteado para que paguen en forma solidaria los cuatro acusados, Servicios Internacionales Romero, empresa encargada de la seguridad el día del supuesto ataque; la dueña registral del Isuzu Rodeo, dentro del cual, presuntamente se dio el ultraje, y la empresa dueña del bar, en cuyo parqueo se habría producido la violación.

Según el desglose hecho, ¢128 millones son por el daño moral, físico, afectación psicológica y emocional. Los otros ¢2 millones responderían al daño material y a los gastos médicos en que se incurrió para atender a la víctima en un hospital privado de San José.

La defensa inició sus conclusiones con la participación del abogado Eduardo Briceño, representante de la compañía Servicios Internacionales Romero. “Lo que no me queda claro es si a Romero le pusieron en conocimiento que ella había sido violada. Por qué si uno de sus amigos sí sabía que ella había sido violada no lo dijo”, sostuvo Briceño. Agregó que Romero no pudo darse cuenta de que la mujer estaba tomada, por lo que considera que actuó de manera atinada. “Dónde estaban los amigos hombres (de la supuesta víctima) cuando andaba ebria. Acaso no cabe una responsabilidad social”, manifestó Briceño.