Erick Carvajal M.
ecarvajal@aldia.co.cr

Los fugitivos chilenos, José Luis y Mariano López Gómez, implicados por las autoridades en la quiebra del Banco Anglo, el mayor escándalo financiero en la historia del país, alcanzaron un acuerdo con la Procuraduría General de la República que les devuelve bienes y empresas intervenidas a raíz del proceso.

El acuerdo fue aprobado por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en una resolución emitida el 12 de febrero pasado. El tribunal lo integran los jueces Jeannette Villarreal, Ligia Arias y Marco Mairena.

Según el acuerdo, los chilenos, sobre quienes pesa una orden de captura internacional, recuperan las empresas Yamaha y Europa Motors, dos propiedades en San José y una finca cafetalera ubicada en Santo Domingo de Heredia.

Francisco Campos, abogado de los López, manifestó ayer que la negociación fue transparente, muy larga y se evaluaron todos los extremos para llegar al arreglo. En la resolución del tribunal se ordena el levantamiento de los embargos a las propiedades.

Ana Lorena Brenes, procuradora general de la República, confirmó ayer a este diario el acuerdo alcanzado.

Dijo que se hicieron todas las valoraciones técnicas y objetivas para tomar una decisión en el caso. La negociación se inició en el 2005 y duró aproximadamente dos años.

Comentó que se tomó en cuenta la posibilidad de una demanda, por parte de los hermanos López, una vez que hubiese prescrito la causa penal por pérdida patrimonial debido a los embargos y medidas judiciales contra sus bienes.

Brenes dijo que la Procuraduría actúo con total independencia en este caso, y que se le informó al presidente, Óscar Arias, sobre la negociación.

También se contó con el apoyo del Ministerio de Hacienda para hacer el peritaje de las propiedades y establecer su valor.

Según José Enrique Castro, procurador penal, la causa penal prescribiría en el 2012, ya que los López se fugaron del país en el 2000. Ambos fueron acusados por el delito de peculado.

En una resolución de la Sala Tercera, del 2003, se le indicó a la Procuraduría que tenía la posibilidad de hacer sus reclamos civiles por medio de un proceso contencioso administrativo. La procuradora Brenes comentó que se hizo un análisis de esa posibilidad pero que no se podía demandar en la vía contenciosa a las empresas embargadas porque no tenían una relación en el proceso penal y no participaron en los eventuales hechos ilícitos.

La Procuradora aclaró que en uno de los puntos se establece que el acuerdo no altera, modifica o perjudica la acción penal pendiente contra los López.

Ewald Acuña, juez que participó en el juicio del Banco Anglo, comentó ayer que la vía contenciosa era una posibilidad antes de llegar a un acuerdo con los López.

Señaló que si estos hubieran interpuesto una demanda al Estado al prescribir la causa penal, esto no garantizaba que fueran a ganar sus pretensiones.

El acuerdo

Los hermanos José Luis y Mariano López Gómez aceptaron dar al Estado una finca en Guápiles, de las que estaban embargadas.

Aceptan pagar la deuda con la CCSS por las planillas y salarios de los trabajadores de las fincas de Santo Domingo de Heredia.

Pagar una deuda por ¢132 millones a favor de la Cooperativa Coopelibertad R.L.

Pago de los impuestos territoriales de las fincas en Heredia y Guápiles.

Renuncian a cobrar judicial o extrajudicialmente al Estado cualquier perdida patrimonial producida a las empresas y fincas mientras estuvieron embargadas.

La Procuraduría renuncia a instaurar demandas presentes o futuras civiles contra los hermanos López.

La Procuraduría estableció que el acuerdo no altera, modifica o perjudica la acción penal contra José Luis y Mariano López.