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Fraudes del OIJ allanó el 24 de julio del 2008 la sede de la Conferencia en San José. Archivo.
Jueves 26 de marzo de 2009, San José, Costa Rica
Ronny Rojas
ronnyrojas@aldia.co.cr
El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó el pasado 21 de enero el levantamiento del secreto bancario y la apertura de todas las cuentas que poseen la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor) y el Grupo Empresarial Sama S. A.
Esta acción es parte de una investigación por presunta intermediación financiera que el Ministerio Público le atribuye al máximo órgano de la Iglesia Católica costarricense.
La apertura de cuentas y el secuestro de documentos fueron ordenados por la jueza Zoila Rosa Soto, a solicitud del fiscal de Fraudes Miguel Ángel Navarro.
El abogado de la Conferencia Episcopal, Carlos Vargas Pagán, evitó hablar del tema, pues dijo estar “limitado” para referirse a asuntos en trámite judicial.
No obstante, manifestó: “Esa apertura es ilógica y sin sentido porque esa información la tenía el Ministerio Público. No tiene mayor importancia”.
El juzgado también pidió abrir las cuentas que tengan en Costa Rica las sociedades Servicios Pastorales Latinoamericanos S.A., Servicios Bursátiles Internacionales S.A., Indalia Holdings Inc. y Sarita Trading S.A, firmas creadas en Panamá que están bajo control de la Conferencia Episcopal, según la Fiscalía.
La orden fue remitida a 20 bancos del sistema financiero nacional el 22 de enero anterior.
Celso Gamboa, fiscal coordinador de la Unidad de Fraudes, explicó ayer que aún no han recibido la información respectiva.
La Conferencia Episcopal posee más del 20 por ciento del capital accionario del Grupo Sama.
El gerente del grupo Sama, Rolando Cervantes, indicó ayer que la entidad no ha sido notificada sobre la apertura de sus cuentas.
“Cuando uno tiene la casa en orden, recibe cualquier visita. No hay nada que temer”, dijo Cervantes, quien aclaró que Sama no enfrenta un proceso judicial.
Información desde el 2004
De existir cuentas corrientes, según la orden judicial, los bancos nacionales deben detallar el número, las personas autorizadas para firmar y los movimientos en ellas desde el 2004.
La investigación penal se inició tras la denuncia por supuesta intermediación financiera ilegal que presentó la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) el 14 de mayo del 2008.
A esta causa se le sumó una denuncia de la inversionista suiza Anna Moscarelli, quien obtuvo préstamos por casi $3 millones de Servicios Pastorales y después perdió las acciones de los hoteles que entregó en garantía.
Según la Sugef, entre marzo del 2005 y agosto del 2007, la Conferencia habría realizado 160 operaciones por la sumas de $374.672 millones y $154.642.
De ellas, 48 fueron aportes de personas ajenas a la Iglesia, 64 de ahorros a la vista y 48 por pago de rendimientos a inversionistas.
Las operaciones se efectuaron después del 12 de abril del 2006, fecha en que la Conferencia debía eliminar las captaciones de laicos, por no estar autorizada para ello.
En el 2004, la Sugef se enteró de que la Conferencia realizaba intermediación financiera y le ordenó acabar con esa práctica.
La intermediación financiera sin autorización de la Sugef constituye un delito tipificado en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.
Según la Fiscalía, la Conferencia Episcopal (Cecor) captó de “manera ilegal” el dinero de personas ajenas a la Iglesia Católica y efectuó préstamos a laicos por un monto total de ¢1007.331.868.
El fondo Fraternitas, perteneciente a la Cecor, colocó préstamos por ¢900.632.555.
Según la Sugef, la Cecor tuvo inversiones en Sama, durante el 2007, que para el 31 de diciembre de ese año superaron los $60 millones en títulos valores de emisores nacionales y extranjeros y por los cuales obtuvo ganancias.
La Sugef evaluó las actividades financieras de la Cecor entre el 21 y el 30 de abril del 2008.
Rodolfo Brenes, abogado del sacerdote Guillermo Godínez, exdirectivo del Grupo Sama en representación de la Cecor y exdirector de Servicios Pastorales interpuso un recurso contra el levantamiento del secreto bancario, el pasado 3 de febrero.
Según Brenes, la jueza no firmó el fallo ni fundamentó su decisión. Además, según el abogado, la apertura de cuentas puede causarle “un daño incalculable e irreparable” al Grupo Sama, o afectar a personas que no están involucradas en la investigación.
La apelación fue rechazada el 5 de marzo anterior.
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