Hugo Solano
hsolano@aldia.co.cr

         

Los representantes del Estado en el jucio ICE-Alcatel, lucharán por recuperar unos $53 millones como retribución al daño social provocado por las presuntas dádivas que Alcatel entregó por la adjudicación de 400 mil líneas celulares, en el 2001.

Ayer, la Procuraduría inició su fase de conclusiones y denunció el mal manejo de la hacienda pública, así como corrupción.

Ya el Estado recuperó cerca de $4 millones devueltos por José Antonio Lobo, imputado colaborador con la causa suspendida, así como por Hernán Bravo, exministro y Leonel Barrios, ingeniero y exasesor de Alcatel, quienes se acogieron a un proceso abreviado.

Con Alcatel, la Procuraduría hizo un arreglo por $10 millones, informó Miguel Cortés, abogado de este ente

Cortés insistió en la culpabilidad de los nueve imputados y de las sociedades anónimas La Selva, Quantica Servicios, Gambusinos y finca Salitral de Esparza, que según dijo, son del imputado Quirós Carmona y su familia.