Hugo Solano
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Antes de que mataran a la canadiense Kimberley Blackwell, cuyo cuerpo apareció el 2 de febrero, le habían envenenado los perros guardianes de su finca en San Miguel de Cañaza, Puerto Jiménez de Golfito.
El representante legal de la familia en nuestro país, Juan José Echeverría, narró que tanto Kimberley, como su compañero sentimental, el australiano Christopher Hoare, eran protectores del ambiente, este último labora en la organización ecologista Greenpeace.
En el 2003 compraron a medias dos fincas de unas 55 hectáreas, en las que Blackwell sembraba cacao, así como árboles frutales.
La mayor parte la dedicaba a la conservación boscosa.
Su amor por la naturaleza le llevó a denunciar a cazadores ilegales que pasaban cerca de su finca hacia Corcovado, así como a personas que talaban bosques.
“Era fanática de la protección de la naturaleza. Es de esas extranjeras que vienen a ayudar al país, tenía muy buena relación con la gente del Minaet de la zona y enseñaba a los campesinos a trabajar de manera orgánica, es lamentable”, acotó Echeverría.
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