La demanda laboral que interpusieron Minor Díaz y Pablo Salazar contra Liberia Mía, el año pasado, es la responsable de que una jueza ordenara, el viernes pasado a la Unafut, el regreso de dicho club a la Primera División.
La franquicia estaba congelada por orden del Juzgado de Trabajo de Heredia, desde el 14 de diciembre del año pasado, cuando se le indicó a la Unafut no tomar ninguna decisión sobre la franquicia guanacasteca.
La decisión, en aquella oportunidad la tomó el juez Ignacio Saborío, también del juzgado florense, quien basó su resolución en la posibilidad que tienen Mínor Díaz y Pablo Salazar, quienes reclaman entre ambos una suma aproximada a los $200 mil (¢102 millones) que les debe Liberia Mía, en rematar la franquicia.
Miguel Calvo, abogado de Díaz y Salazar, comentó ayer que la decisión de la jueza, Ingrid Gregory Wang, lo que busca es defender los derechos que tienen sus representados. “La idea es que la franquicia no pierda valor ante un posible remate”, detalló Calvo.
Enviarán explicación
Allan Artavia, secretario del Consejo Director de la Unafut, dijo que se remitirá el informe que solicita el Juzgado de Heredia y que hoy habrá una reunión de los presidentes de clubes en la Unafut para analizar los pasos que se van a seguir en este caso.
José Luis Rodríguez, presidente de Cartaginés, dijo que la decisión de separar a Libería se tomó en base a leyes del Icoder y estatutos de la Federación y Unafut.
Luis Cubillo, presidente de Libería Mía, manifestó que se está tratando de llegar a un acuerdo con Díaz y Salazar para evitar el remate de la franquicia.
Cubillo explicó que analizan las acciones a tomar porque el club se vio afectado económicamente con la separación. “También hay contratos con jugadores que se tienen que restablecer y se debe anular el campeonato anterior porque teníamos derecho a participar”, dijo.
Liberia había sido una vez campeón, bajo el mandato de Mario Sotela.
