Cuatro evaluadores de la sede del Cosevi en Pérez Zeledón, así como cinco “gavilanes”, cayeron ayer durante un operativo del OIJ ante denuncias que daban cuenta de presuntos cobros indebidos por el trámite de licencia.
Voceros del OIJ señalaron que el grupo atemorizaba a las personas que llegaban con la intención de llevar a cabo la prueba de manejo al decirles que, de no negociar, la perderían.
A víctimas les cobraban entre ¢10 mil y ¢70 mil por la prueba teórica, mientras que por la práctica exigían entre ¢10 mil y ¢30 mil.
Los sospechosos, agregó el OIJ, procuraban que por día al menos 10 personas accedieran al pago. La investigación comenzó en noviembre pasado.
A los trabajadores del Cosevi (de apellidos Calvo, Arrieta, Vargas y Piedra) les abrieron una causa por concusión, que castiga con una pena de dos a ocho años de cárcel al funcionario público que, en abuso de su calidad o de sus funciones, obligare a alguien a dar un beneficio patrimonial.
