“Todos los saldos pendientes deben pagarse”: así sentenció la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social en relación con ¢97.000 millones que la entidad dejó de percibir por un convenio avalado con el Estado en el 2007, cuando Eduardo Doryan, presidía la entidad.
Dicho acuerdo pretendía subsanar la deuda documentada hasta entonces de un acumulado pendiente desde 1994 por la suma de ¢181.000 millones.
Lo anterior por incumplimientos estatales en planillas adicionales, asegurados por el Estado y las cuotas subsidiarias de la seguridad social, entre ellas la atención de indigentes.
Según la instrucción de la junta directiva actual, de los pagos recibidos hasta ahora, que son de ¢88.759 millones, se darán por cancelados los intereses por más de ¢40.000 millones.
El resto se amortizará al saldo de la deuda.
La Dirección Financiera deberá realizar los ajustes contables que reflejen todos los saldos pendientes, los cuales deberán ser cubiertos por el Estado.
Una vez determinadas las sumas se activarán los mecanismos para conciliar la forma de pago con el Ministerio de Hacienda y, eventualmente, el de Trabajo.
Las autoridades sostienen que no procede ninguna condonación y más bien se cobrará hasta el último centavo que les adeudan.
Según Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva, se subsanará con total transparencia el asunto porque de ahí depende la sostenibilidad del mayor régimen previsional en salud y pensiones.
Si hubiesen omisiones por parte de funcionarios, seguirán las acciones punitivas en salvaguarda del patrimonio institucional.
