Editorial

Redacción

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Lo acontecido las últimas dos semanas con el tema de los permisos laborales de los jugadores extranjeros de fútbol requiere un análisis detenido y desde varios puntos de vista.

Primero, desde el plano legal. Hay dos conceptos básicos en derecho: nadie puede alegar desconocimiento de la ley y todos somos iguales ante la ella, o como dice el dicho, “lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa”.

Desde esta perspectiva, para que un futbolista profesional foráneo se desempeñe como tal en el país, ha de tener todos sus papeles en regla y el club que lo contrata debe actuar con la seriedad respectiva, asegurándose de que su empleado cumpla con todos los requisitos.

Es decir, tanto el estatus migratorio como el permiso laborar deben estar al día.

Evitar algún proceso establecido en la legislación o solicitar una amnistía significa abrir portillos para que otros sectores también pidan excepciones.

A propósito de este asunto con los jugadores extranjeros, el Ministerio de Trabajo dio a conocer que industrias como la construcción, el servicio doméstico y las labores agrícolas también presentan altos índices de trabajadores indocumentados.

Si se hace una diferencia con los futbolistas se puede prestar para que otros también soliciten un trato similar.

Aquí se suma el tema de la tramitología, que en Costa Rica ya ha pasado a una escala de “tramitomanía”.

Si bien es cierto son harto conocidos los largos tiempos de espera para casi cualquier trámite, también es un hecho que tanto la dirigencia como los jugadores deben cumplir el debido proceso, por más engorroso que sea.

Se impone, sin embargo, más agilidad institucional, sobre todo en trámites especiales como los de futbolistas, que no vienen a permanecer por largos periodos en el país sino contratados por plazos determinados.

Y en aquellos casos cuya permanencia se prolongue, la normativa fija las condiciones y el jugador interesado y afectado y el club deberán cumplir los respectivos trámites para ordenar y normalizar dicha estancia.

El lío migratorio con los futbolistas foráneos ha sacado a flote otras responsabilidades de las empresas y asociaciones deportivas: sus obligaciones como patronos con la CCSS.

No se trata de “pelos en al sopa”, como lo planteó uno de los dirigentes de los equipos.

Se trata de hacer el cumplimiento de la normativa, sin excesos ni arbitrariedades, con apego a lo que dicta la legislación vigente para estos casos.

Precisamente, el jueves anterior se realizó una reunión entre Gobierno y dirigentes en donde se ratificó la política de controles y permisos.

Confiamos en una solución, en la diligente respuesta de los equipos y que la experiencia sirva para evitar contratiempos injustificados e innecesarios a las organizaciones deportivas que, como parte de su normal flujo de actividades, tienen en la contratación temporal de jugadores extranjeros una de las herramientas usuales de operación para beneficio de toda la afición.