La Fuerza Pública, personal del Ministerio de Hacienda y operarios foráneos que durante siete días controlaron los muelles de Moín y Limón, entregaron ayer el mando a los trabajadores de Japdeva, tras concluir la huelga.
El gobierno mantuvo su posición de no ceder en el contrato refrendado por la Contraloría, para que APM Terminals construya el muelle de Moín y lo opere de forma exclusiva.
Ronaldo Blear, secretario general del Sindicato de Trabajadores Portuarios y Afines de Japdeva (Sintrajap), dijo que no claudicarán en su lucha, al considerar que el contrato está viciado, es ilegal e inconstitucional.
Los diputados y las diputadas de Limón, la Defensoría de los Habitantes y Sintrajap se comprometieron a promover un diálogo con la empresa APM Terminals, así como a revisar los puntos de las actividades exclusivas y monopólicas otorgadas, vía contrato, a esa empresa.
Tras casi 16 horas de negociación antenoche hubo acuerdos en Casa Presidencial, Zapote.
Se aprobó una inversión de $70 millones para modernizar los puertos, $40 millones costeados por el Estado para infraestructura portuaria y $30 millones aportados por Japdeva para equipo.
Los recursos del Gobierno provendrán de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica.
El ministerio de Hacienda presentará ante la Asamblea Legislativa, en un plazo de 30 días, un proyecto de ley en ese sentido, que los diputados de las diferentes fracciones y el Poder Ejecutivo se comprometieron a apoyar.
Acordaron también impulsar los ajustes de tarifas para que Japdeva cumpla sus objetivos.
Actualmente, la Sala IV tiene frenado el último ajuste tarifario ya que usuarios de los muelles presentaron un recurso de amparo el 29 de mayo, al decir que no se les dejó pronunciarse.
Sobre el pago a quienes se unieron a la huelga, habrá que esperar que se resuelva la apelación ante la ilegalidad de la misma.
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