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 Última Hora Lunes 19 de septiembre, 2005, San José, Costa Rica.
 

Mayoría de ticos considera bueno el TLC

Redacción y EFE

Como un balde de agua fría le cayó a muchos en la Universidad de Costa Rica una encuesta sobre el TLC con Estados Unidos, divulgada hoy en rueda de prensa nada menos que por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR,

Y es que aunque en muchos sectores de la UCR se esperaba que el estudio arrojara un rechazo al acuerdo, al final el 47 por ciento de los consultados piensa que el TLC es "bueno", pues a su juicio, traería ventajas como más empleos y mercados para las exportaciones, crecimiento económico, inversión y mayor competitividad.

Además:

  • Colegio de Periodistas demanda a Estado ante Derechos Humanos
  • Ambientalistas denuncian que les impiden conocer de transgénicos
  • Solo el 25 por ciento opina que sería malo, debido, entre otras razones, a que tendrá un impacto negativo sobre los agricultores y pequeños empresarios y porque se abrirá el mercado de las telecomunicaciones.

    La encuesta también reveló que un 86 por ciento de los entrevistados piensa que si se aprueba el tratado habrá ganadores y perdedores, un 10 por ciento que todos ganan y un dos por ciento piensa que sólo habrá perdedores.

    Un 70 por ciento de los costarricenses quiere realizar un referéndum para decidir sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio (TLC). Mientras, el 20 por ciento cree que debe ser el Congreso que defina la situación. La encuesta fue realizada por teléfono a 513 personas a nivel nacional entre el 8 y el 12 de septiembre.

    Colegio de Periodistas demanda a Estado ante Derechos Humanos

    (ACAN-EFE).- El Colegio de Periodistas de Costa Rica anunció hoy que presentó una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de las víctimas de un atentado ocurrido en La Penca (Nicaragua), en 1984.

    "El Colegio de Periodistas tomó una decisión de presentar una denuncia formal ante la CIDH en Washington contra el Estado por violación de los derechos humanos de las personas que sufrieron ese atentado, pues 21 años después prevalece la impunidad", declaró a ACAN-EFE el presidente del colegio, Ramsés Román.

    El atentado, que mató a tres comunicadores, ocurrió el 30 de mayo de 1984 en La Penca, una zona selvática nicaragüense a escasos kilómetros de la frontera con Costa Rica, donde el entonces guerrillero Edén Pastora "Comandante Cero", ofrecía una rueda de prensa.

    Según Román, 21 años después de ocurrido el atentado "no se asoma por ningún lado una acción por parte del Estado tendente a garantizar a los ciudadanos que el asunto se va a resolver", por lo cual presentaron la demanda la semana anterior en Washington.

    "Ese acceso a una justicia pronta y cumplida en este caso está violentado ante la inacción y el olvido por parte del Estado costarricense", agregó el periodista.

    Román dijo que el Colegio de Periodistas acudió a la CIDH "para que de una vez por todas se den las luces de alerta en un país que se dice respetuoso de los derechos humanos para que logre, de una forma firme y decidida, la resolución del caso".

    "Nos agobia como ciudadanos costarricenses tener que recurrir a este tipo de instancia, someter al país al vía crucis de tener que exhibirse ante el mundo como lo contrario a lo que pregona", añadió el comunicador.

    El Colegio de Periodistas de Costa Rica celebra a partir de hoy, lunes, la semana de profesionales en comunicación, la cual este año está dedicada a los comunicadores sobrevivientes al atentado de La Penca.

    La bomba estaba escondida en la casa donde Pastora daba la rueda de prensa y al estallar mató a los costarricenses Jorge Quirós (camarógrafo), y su ayudante, Evelio Sequeira, y a la periodista estadounidense Linda Frazer, del diario "The Tico Times".

    Otros 15 periodistas costarricenses y corresponsales extranjeros sufrieron graves heridas y amputaciones en el atentado, por el que aún no se ha responsabilizado a nadie y 21 años después se mantiene en investigación.

    Ambientalistas denuncian que les impiden conocer de transgénicos

    (ACAN-EFE).- La Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica denunció hoy que una instancia del Gobierno le impide tener acceso a información sobre la solicitud de una empresa para introducir dos variedades de algodón transgénico.

    La red, que aglutina a varias organizaciones ambientalistas, denunció mediante un comunicado de prensa que la compañía "Delta And Pine" presentó en agosto pasado un recurso legal para impedir que los ambientalistas tengan acceso a la información en la que solicitó la introducción de las plantas.

    Las plantas transgénicas son variedades vegetales que han sido modificadas genéticamente en laboratorios para hacerlas más resistentes a las plagas o para otorgarles características diferentes a las de su estructura genética natural.

    La solicitud fue presentada por la compañía ante la estatal Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNB), en la cual los grupos ambientalistas tienen dos representantes pero, pese a ello, no han podido conocer la información de la empresa.

    La empresa Delta and Pine solicitó a la CNTB su permiso para introducir en Costa Rica dos nuevas variedades de algodón transgénico, debido a que en el país estas variedades se cultivan únicamente con fines de investigación o de producción de semillas y requieren del aval del Estado.

    "Es indignante el hecho de que las presiones de una compañía incidan en las decisiones de funcionarios públicos en el país sobre todo cuando se antepone el beneficio privado sobre el bienestar público", declaró Fabián Pacheco, representante de la red ante al CTNB.

    Por su parte, el presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), Isaac Rojas, dijo que "esos intereses anteriormente han burlado el principio de precaución establecido en el convenio de biodiversidad biológica y hoy día intentan burlar el derecho de participación ciudadana".

    Rojas dijo que la red pidió a la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad la entrega "inmediata" de la información denegada a los grupos ambientalistas con el fin de poder conocer y estudiar la solicitud de la empresa Delta and Pine.

    En Costa Rica los grupos ambientalistas han solicitado al Gobierno que declare una moratoria para los Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) pues no se ha comprobado con certeza los impactos negativos que podrían tener en la salud y el ambiente.

    Según cifras del ministerio de Agricultura, en territorio costarricense hay sembradas 1.441 hectáreas de cultivos transgénicos que son controlados por las compañías trasnacionales: Delta and Pine, Semillas del Trópico, Semillas Olson, Pura Semilla de Algodón S.A. y UNIPO S.A.

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