Empresa local se favoreció en licitaciones por ¢349 millones

Fraude afecta Canal de Panamá

Sospechoso es empleado del canal y sobrino de un magistrado

Ciudad de Panamá / DPA. - Un escándalo de fraude estalló ayer en el Canal de Panamá, luego que autoridades canaleras denunciaron en el Ministerio Público, procedimientos irregulares que favorecieron a una empresa local en licitaciones públicas por unos $698.200 (al menos ¢349 millones).

Un reportaje publicado por el diario local “La Prensa”, identifica como principal sospechoso del acto ilícito a Igor Tello Spadafora, empleado de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y sobrino de Winston Spadafora, magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Tello Spadafora habría ganado, a través de la firma TPM Suppliers S.A., 261 licitaciones, debido al manejo de información clave obtenida a través de su cargo en el Canal. El hijo del magistrado, Winston Spadafora Gálvez, también estaría involucrado en acciones fraudulentas ligadas al caso.

Según investigaciones preliminares, Tello Spadafora inscribió a TPM Suppliers S.A., de la cual es gerente general, y luego la puso a competir en concursos públicos convocados por la ACP, que ayudaba a preparar desde su puesto de especialista en equipos eléctricos de alto voltaje.

El sospechoso enviaba por correo electrónico a su socio en TPM Suppliers, S.A, Luis Pinto, la lista de materiales que precisaba la ACP. Con ello, daba tiempo a la compañía para solicitar los insumos en el exterior e importarlos antes de la licitación pública.

La práctica favorita era poner plazos breves de entrega. Así, ningún competidor del sector podía arriesgarse a pedir los materiales fuera de Panamá y, ante cualquier contratiempo, incumplir los cortos períodos establecidos en las bases del concurso.

El caso es investigado por la fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin, y fue instruido por la jueza décimo quinta penal, Georgina Tuñón, mientras que el acusado figura aún en la plantilla del Canal, hasta que la ACP termine un proceso administrativo sobre la violación del Reglamento de Ética y Conducta.