MarViva busca sanciones por pesca ilegal

1 p.m. San José / AP.- La organización ambientalista MarViva cuestionó el viernes su cooperación con el gobierno costarricense para realizar patrullajes en el parque nacional Isla del Coco en relación al caso del atunero de bandera panameña Tiuna, que se encontró realizando pesca ilegal en aguas de ese parque.

Existe una frustración de nuestros donantes, preocupados de que una inversión de 10 millones de dólares en cinco años se puede echar por tierra debido a una ley débil, a decisiones de un juez y que todo esto termine en una multa de solo 28.000 dólares. Esto pone en riesgo nuestra alianza con el gobierno, manifestó el presidente de MarViva, Roberto Artavia.

En el convenio con el gobierno, la organización presta sus barcos para labores de patrullaje en la isla, ubicada a 534 kilómetros de la costa de Puntarenas, ciudad a unos 120 kilómetros al oeste de la capital.

A fines de enero localizaron al Tiuna en labores de pesca, con unas 12 toneladas de especies vivas que fueron devueltas al mar y unas 280 toneladas de atún aleta amarilla en sus bodegas, con capacidad para 1.200 toneladas.

Solo el operativo para capturar la embarcación y traerla a puerto rondó los 40.000 dólares pero la sanción máxima a la que se expone el pesquero es de apenas 28.000 dólares, lo cual es inconcebible considerando que además tenía miles de dólares en atún. Quisiéramos ver una ley más exigente, agregó Artavia en rueda de prensa.

De acuerdo a la directora legal de MarViva, Virginia Cajiao, el daño ambiental se estimó en unos 350.000 dólares.

Para MarViva resultó inexplicable que el juez Marvin Cerdas eliminara las medidas cautelares para el capitán del barco y la tripulación compuesta por unos 20 extranjeros.

En los últimos cinco años se han presentado 71 denuncias por pesca ilegal pero solo cuatro terminaron con una sentencia, dijo Cajiao. Agregó que las deficiencias en sanciones deben ser corregidas para que sean proporcionales al daño.

Asimismo, opinó que es urgente modificar la operación del Instituto de Pesca y Acuicultura (Incopesca), pues su junta directiva, compuesta por representantes del sector pesquero, es la que define sanciones administrativas contra los barcos que violentan la ley. Para Cajia es claro que existe un conflicto de intereses.